Cuarta declaratoria de emergencia del gobierno Petro enfrenta críticas y apoyos
Por cuarta ocasión durante su mandato, el presidente Gustavo Petro ha recurrido a los estados de excepción constitucionales para enfrentar contingencias que superan los mecanismos ordinarios. En esta oportunidad, el mandatario declaró la emergencia económica y social con el objetivo de atender la grave crisis humanitaria causada por el frente frío que afecta principalmente al departamento de Córdoba y a otras siete regiones del país.
Defensores de la medida: necesidad ante la tragedia climática
Los sectores cercanos al Ejecutivo han salido en defensa de la declaratoria, argumentando que resulta imprescindible para movilizar recursos extraordinarios que permitan enfrentar la emergencia climática. El representante Alejandro Ocampo manifestó: "Esperamos que los enemigos de la patria no salgan a demandar el nuevo decreto de emergencia económica. Es una muestra de que necesitamos recursos porque a este país se lo han robado y que fiscalmente está mal planificado".
Los defensores de la medida han enfatizado particularmente en la necesidad de fondos especiales para la reconstrucción de infraestructura y la atención a las comunidades afectadas por las inundaciones y deslizamientos. Incluso José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se sumó al apoyo condicionado, señalando que respalda "una medida de esta naturaleza, si tiene una estructura institucional que garantice que los recursos vayan a satisfacer las necesidades de esta zona".
Críticas desde la oposición: cuestionamientos a la gestión
Desde los sectores opositores al gobierno, la declaratoria ha generado fuertes cuestionamientos. La candidata Hannah Escobar afirmó rotundamente: "Emergencia económica para más cargos corbata, más compra de votos y más compra de conciencias", haciendo referencia a un reciente informe de la Contraloría que revela contrataciones por 14 billones de pesos antes del inicio de la ley de garantías electorales.
El representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, expresó: "Enero: El Gobierno Petro contrata 14 billones de pesos en tiempo récord (según Contraloría). Febrero: Declaran Emergencia Económica porque 'no hay recursos'. No es un problema de falta de dinero, sino de pésima gerencia y priorización. Gastan a manos llenas y luego piden auxilio".
Voces moderadas piden transparencia y control
Un tercer grupo de actores políticos, sin oponerse directamente a la medida, ha expresado reservas fundamentadas en los escándalos recientes de la administración. El precandidato Juan Manuel Galán señaló: "Esperamos que los recursos de la emergencia económica lleguen a las víctimas y tengan control total. El saqueo de la UNGRD es un desastre nacional. El manejo de los recursos debe ser transparente, más aún en el momento en que estamos, que es de una campaña electoral".
Esta postura intermedia refleja la desconfianza generada por casos de corrupción recientes, al tiempo que reconoce la necesidad de atender la emergencia humanitaria que afecta a miles de colombianos en ocho departamentos del país.
Contexto de crisis climática y precedentes legales
La declaratoria se produce en un contexto de intensa temporada invernal que ha causado inundaciones, deslizamientos y afectaciones graves a la infraestructura vial, agrícola y habitacional. Esta es la cuarta vez que el gobierno de Gustavo Petro utiliza figuras de excepción constitucional, siguiendo un patrón que ha caracterizado su administración frente a contingencias nacionales.
La medida llega apenas semanas después de que la Corte Constitucional suspendiera temporalmente un decreto similar de emergencia económica emitido en diciembre, lo que ha alimentado las críticas sobre el uso recurrente de este mecanismo extraordinario por parte del Ejecutivo.
