Emergencia económica: la herramienta recurrente del Gobierno para salir de las afugias presupuestales
El presidente Gustavo Petro ha establecido un récord preocupante en el uso de los estados de excepción durante su mandato. Con tres emergencias económicas y sociales declaradas hasta el momento, más otros dos estados de excepción adicionales, su administración se perfila como una de las que más ha recurrido a esta figura constitucional extraordinaria.
La premura en las declaratorias
En menos de tres meses fueron declaradas las dos últimas emergencias económicas: la primera en diciembre de 2025, destinada a recaudar más de 16 billones de pesos para cubrir el desfinanciamiento presupuestal, y la segunda apenas esta semana, pocos días después de que la Corte Constitucional suspendiera la primera.
Esta velocidad en la declaración de emergencias, sumada a justificaciones que en ocasiones han resultado poco claras, evidencia cómo esta herramienta se ha convertido en un mecanismo recurrente para el Gobierno. Más que para enfrentar situaciones genuinamente imprevisibles, parece haberse transformado en una vía para superar dificultades presupuestales y eludir los controles legislativos ordinarios.
¿Qué es una emergencia económica?
La emergencia económica constituye una facultad excepcional del Presidente de la República, reservada exclusivamente para situaciones imprevisibles, graves y sobrevinientes que no puedan atenderse mediante los canales institucionales ordinarios. Esta declaratoria permite al Primer Mandatario implementar decretos con fuerza de ley para dictar medidas urgentes, incluyendo la creación de impuestos con características especiales.
Estos impuestos solo pueden funcionar durante la vigencia de la emergencia declarada y deben utilizarse exclusivamente para atender las causas que motivaron la declaratoria. La medida puede implementarse por un máximo de 30 días, aunque existe la posibilidad de prórroga hasta por 90 días adicionales.
Historial de declaratorias del Gobierno Petro
Con la más reciente declaratoria de emergencia económica utilizada para atender la crisis por inundaciones en Córdoba y otros departamentos del país, el Gobierno ha recurrido a esta figura en tres oportunidades distintas. Además, ha implementado otros dos estados de excepción que, aunque no tenían carácter económico específico, sirvieron para recaudar u orientar recursos especiales hacia situaciones de emergencia.
La primera emergencia económica decretada por la administración de Gustavo Petro se declaró en julio de 2023, cuando el Gobierno decidió implementar esta figura en La Guajira debido a los problemas derivados de la sequía extrema. La entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, justificó la medida señalando que "hay condiciones dadas por el cambio climático que generan una incertidumbre sobre qué tan largo puede ser el efecto de sequía".
Sin embargo, en octubre de ese mismo año, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto, argumentando que los problemas del territorio no configuraban hechos sobrevinientes como exige la ley.
Otros estados de excepción
En enero de 2025, la administración Petro recurrió a la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo, lo que permitió crear un impuesto especial del 1% a la extracción y venta de petróleo, gas y carbón para financiar la atención de la crisis de seguridad en esa zona.
Posteriormente, vino la emergencia sanitaria por un brote de fiebre amarilla que había cobrado la vida de 32 personas en el país. Aunque la medida permitió orientar recursos hacia la atención de la enfermedad, el número de contagios finalmente no alcanzó las proporciones que el Gobierno había pronosticado inicialmente.
El punto de inflexión: diciembre de 2025
El abuso de la figura de emergencia se hizo particularmente evidente en diciembre de 2025, cuando el Gobierno decidió acudir nuevamente a la emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento que pretendía recaudar $16,3 billones. Congresistas y constitucionalistas advirtieron inmediatamente que el Gobierno no podía utilizar una emergencia para enfrentar una situación provocada por una decisión autónoma del Congreso.
Hacerlo equivaldría a justificar, mediante la emergencia, que el presidente usurpara funciones propias del poder legislativo. La Corte Constitucional reconoció precisamente este argumento y, por primera vez en un caso de emergencia económica, decidió suspender la declaratoria mientras estudia de fondo los decretos emitidos por el Gobierno.
La emergencia más reciente
Esta misma semana, a pocos días de la suspensión de esa declaratoria de emergencia, el Gobierno ha recurrido a otra, justificada por los estragos causados por las lluvias en el norte del país. Aunque los gobernadores de la zona reconocen el carácter de emergencia que tiene esta situación, las medidas anunciadas por el Gobierno generan suspicacias.
El impuesto al patrimonio dirigido a grandes empresas y la imposición de inversiones forzadas a los bancos parecen más destinadas a resolver las necesidades inmediatas de caja del Gobierno que a atender verdaderamente la emergencia climática, que podría abordarse con medidas más apropiadas y específicas.
Reflexiones finales
El uso recurrente de los estados de excepción por parte del Gobierno Petro plantea serias interrogantes sobre el respeto a los equilibrios institucionales. Cuando una herramienta concebida para situaciones extraordinarias y excepcionales se convierte en un mecanismo habitual para sortear obstáculos políticos y financieros, se debilita el Estado de derecho y se erosiona la confianza en las instituciones democráticas.
La vigilancia de la Corte Constitucional resulta fundamental en este contexto, pero también es necesario que el Congreso y la sociedad civil mantengan una actitud crítica frente a lo que parece convertirse en una práctica preocupantemente frecuente en la gestión gubernamental actual.
