Emergencia económica por inundaciones: Gobierno Petro enfrenta riesgo de abuso de facultades
La nueva emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para enfrentar las graves inundaciones en ocho departamentos de la Costa Atlántica representa una medida justificada y necesaria, pero expertos advierten sobre el riesgo de que se abuse de las facultades extraordinarias concedidas durante el estado de excepción.
Diferencia fundamental con emergencia anterior
A diferencia de la emergencia económica anterior que fue suspendida por la Corte Constitucional, en esta ocasión existe un hecho sobreviniente claro y grave: las inundaciones catastróficas en Córdoba, Sucre y otros seis departamentos que han causado destrucción masiva de infraestructura, viviendas y medios de subsistencia.
La Constitución exige que para declarar un estado de excepción económica deben "sobrevenir hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública". En este caso, las torrenciales lluvias en una temporada tradicionalmente seca han creado precisamente esa calamidad pública que justifica la medida.
Catástrofe humanitaria y económica
Los datos presentados en el decreto de emergencia son aterradores en su magnitud:
- Miles de hectáreas completamente inundadas
- Decenas de miles de familias afectadas directamente
- Viviendas arrasadas por las corrientes de agua
- Infraestructura vial y de comunicaciones destruida
- Comunidades enteras aisladas y sin acceso a servicios básicos
Esta situación representa una catástrofe humanitaria, social y económica de proporciones similares a la del año 2010, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos declaró una emergencia para enfrentar otra temporada invernal excepcionalmente severa.
Riesgos y posibles abusos identificados
El verdadero peligro, según analistas, radica en que el gobierno podría utilizar este justificado estado de excepción para intentar solucionar otros problemas no relacionados directamente con la calamidad invernal, o para recaudar recursos que excedan lo estrictamente necesario para atender la emergencia.
En el lenguaje político colombiano, esto se conoce como "meterle micos a la emergencia", y ya se observan señales preocupantes en el decreto de declaratoria.
Primeras señales de alerta
El decreto ya incluye un primer elemento cuestionable al mezclar los graves problemas financieros del servicio de energía eléctrica en la región Caribe con el desastre invernal. Aunque el documento afirma que existe "un riesgo sistémico latente en el Mercado de Energía Mayorista por efecto de las obligaciones financieras insolutas por las empresas de la región caribe", no presenta argumentos ni hechos concretos que demuestren una relación causal directa entre ambos problemas.
La cuestión de los $8 billones
Otro punto de preocupación surge de las declaraciones del Ministro de Hacienda, quien ha mencionado que el gobierno aspira recaudar aproximadamente $8 billones mediante nuevos impuestos bajo la emergencia económica.
- No existe una cifra oficial del monto exacto necesario para atender todas las afectaciones causadas por las inundaciones
- No se ha especificado con claridad el destino concreto que tendrían estos nuevos tributos
- Surgen preguntas fundamentales: ¿Qué ocurriría si se recauda más de lo necesario? ¿Devolvería el gobierno el excedente a los contribuyentes? ¿O utilizaría esos recursos para fines distintos a los que motivaron originalmente la emergencia?
Precedente constitucional relevante
La anterior emergencia económica del gobierno Petro fue rechazada precisamente porque no cumplía con los requisitos constitucionales. El deterioro de las finanzas públicas y el aumento del déficit fiscal no constituían hechos sobrevinientes, sino problemas generados por decisiones gubernamentales, específicamente la presentación de un presupuesto desfinanciado.
Además, resultaba inaceptable constitucionalmente pretender adoptar mediante facultades de emergencia propuestas tributarias que ya habían sido expresamente negadas por el Congreso de la República en el ejercicio normal de sus funciones legislativas.
Conclusión: justificación con vigilancia
El uso de un instrumento tan poderoso como la emergencia económica encuentra justificación en las circunstancias actuales de calamidad pública en ocho departamentos colombianos. Miles de familias requieren asistencia inmediata y la reconstrucción de sus comunidades demandará recursos considerables.
Sin embargo, la experiencia histórica y los precedentes constitucionales exigen una vigilancia constante para evitar que se abuse de estas facultades extraordinarias. El equilibrio entre la necesidad de actuar con celeridad ante una catástrofe y el respeto a los límites constitucionales del poder ejecutivo representa el desafío central que enfrenta tanto el gobierno como las instituciones de control en las próximas semanas.
La sociedad colombiana y sus instituciones democráticas deben mantenerse atentas para garantizar que las medidas excepcionales se utilicen exclusivamente para los fines que las justifican: aliviar el sufrimiento de las víctimas y reconstruir lo destruido por las inundaciones, sin desviaciones ni agendas paralelas.
