El Consejo Gremial Nacional, en voz de su presidenta Natalia Gutiérrez, expresó su rechazo a la reciente ola de atentados en el suroccidente del país y manifestó su solidaridad con las víctimas. Al mismo tiempo, hizo un llamado urgente al Gobierno para fortalecer la seguridad, en un contexto que, según el sector empresarial, compromete la estabilidad institucional y la confianza que sostiene la actividad económica en Colombia.
Rechazo categórico a la violencia
A través de un comunicado, el gremio advirtió que los ataques registrados en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Huila no pueden entenderse como hechos aislados, sino como una amenaza directa a la seguridad, la institucionalidad y la democracia. "Colombia no puede normalizar el terror", insistieron, y señalaron que la violencia actual tiene efectos que trascienden lo social y se extienden hacia el entorno económico.
El Consejo Gremial fue enfático en rechazar "de manera categórica la escalada de violencia y terrorismo" que ha implicado atentados y hostigamientos contra la población civil y la Fuerza Pública en distintos municipios. Subrayó que no existe justificación para este tipo de acciones y reiteró su rechazo frente a cualquier forma de violencia contra ciudadanos y autoridades.
Seguridad y confianza económica, en el centro de la alerta empresarial
El pronunciamiento del sector empresarial vincula de manera directa la situación de orden público con la confianza económica del país. Para los gremios, la violencia registrada en el suroccidente no solo pone en riesgo la integridad de la población, sino que también afecta la estabilidad de una región estratégica para el desarrollo productivo de Colombia.
"El atentado terrorista de los grupos criminales en la vía Panamericana - Cajibío, así como los ataques contra la Tercera Brigada en Cali y el batallón Agustín Codazzi en Palmira ponen en riesgo y amenazan de manera directa el goce efectivo de derechos y libertades", indicó el Consejo Gremial. Estos hechos afectan significativamente la estabilidad económica y social de una región clave para el desarrollo del país.
Desde la perspectiva empresarial, la pérdida de condiciones de seguridad impacta variables fundamentales para la economía, como la inversión, el empleo y la actividad productiva. En palabras de Gutiérrez: "Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay futuro". Esta afirmación resume la preocupación del sector frente a los efectos de la violencia sobre el crecimiento económico.
Llamado urgente a medidas del Gobierno y fortalecimiento de la Fuerza Pública
En su pronunciamiento, el Consejo Gremial reiteró los llamados al Gobierno Nacional para adoptar medidas inmediatas que permitan contener la escalada de violencia. Pidieron enfocarse en el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar el orden público y proteger a la población en las zonas más afectadas.
El sector empresarial insistió en la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez y contundencia para restablecer la tranquilidad en el territorio. "Hacemos un llamado urgente a las autoridades para garantizar el orden público, proteger a los ciudadanos y restablecer la tranquilidad en todo el territorio", señaló Gutiérrez, al advertir que la respuesta institucional es determinante en el actual contexto.
Además, subrayó la importancia de dotar a la Fuerza Pública del equipamiento y las capacidades necesarias para enfrentar a los grupos armados ilegales, en medio de un escenario que califican como una escalada terrorista. La atención prioritaria, señalaron, debe concentrarse en el suroccidente del país, donde se han concentrado los recientes ataques.
Presión para judicializar responsables y evitar normalización de la violencia
El Consejo Gremial también dirigió un mensaje a las autoridades judiciales, a las que exhortó a desplegar toda su capacidad institucional para lograr la judicialización de los responsables de los atentados. Para el sector empresarial, la respuesta judicial es un componente clave para evitar la repetición de este tipo de hechos y restablecer la confianza.
"El país no puede normalizar la violencia ni permitir que el miedo se imponga", señaló el gremio, al insistir en que la institucionalidad debe responder de manera integral frente a la amenaza de los grupos armados. Este llamado se suma al respaldo explícito que el Consejo Gremial expresó hacia la Fuerza Pública en su labor de defensa de la seguridad y los principios democráticos.
Finalmente, el pronunciamiento empresarial deja planteado un mensaje de fondo sobre el vínculo entre seguridad y desarrollo: en un entorno de incertidumbre, la capacidad del Estado para garantizar condiciones de orden público se convierte en un factor determinante para la estabilidad económica y la sostenibilidad del crecimiento. Esta es una preocupación que el sector privado ha decidido poner en el centro del debate nacional.
