Una medida cautelar impuesta por el Consejo Nacional Electoral a una firma encuestadora, que incluía la prohibición temporal de publicar y difundir resultados de encuestas de intención de voto —suspendida provisionalmente por la sala plena del organismo—, y la decisión de otra empresa internacional de no realizar más estudios electorales han reavivado el debate sobre la Ley 2494, aprobada por el Congreso el año pasado para regular este tema.
La importancia de las encuestas en democracia
Las encuestas son una herramienta fundamental para la toma de decisiones ciudadanas y fortalecen la democracia. Una información de calidad, recolectada con rigor y transparencia, es deseable para que la ciudadanía pueda orientarse. Si bien un marco normativo no debería ser necesario para garantizar esto, si existe sin imponer restricciones que atenten contra la democracia, es bienvenido. Todo lo que se haga por asegurar la solidez técnica de los estudios de opinión previos a una elección es valioso.
Buenas intenciones, efectos no deseados
Está fuera de discusión la buena intención de los congresistas que impulsaron la ley desde diferentes orillas políticas. Sin embargo, el actual proceso electoral ha demostrado que las buenas intenciones no siempre conducen a mejores realidades. Las restricciones y barreras, a veces infranqueables, han dificultado la labor de los encuestadores. Más allá de las decisiones de las autoridades, la situación actual de limitaciones al acceso ciudadano a información sobre intención de voto es preocupante y amerita una revisión de la norma.
Esta tarea debe comenzar con un debate público y culminar en el Congreso, mientras la Corte Constitucional se pronuncia al respecto. Urge claridad: una discusión amplia para disipar cualquier sensación de que detrás de todo hay algo más que buenos propósitos.
¿Cumple la ley su promesa?
Se trata de saber si las nuevas reglas están cumpliendo con la promesa original de rigor metodológico o si, por el contrario, están teniendo un efecto opuesto, sumándose a la dificultad que tiene la gente para acceder a información en un país donde la libertad de información es un precepto constitucional. Este escenario está llevando a que cada vez menos firmas encuestadoras publiquen sus estudios de preferencias electorales. Además, algunos encuestadores advierten que será muy difícil realizar estudios para una eventual segunda vuelta. Ojalá no sea así.
Urge claridad. Una discusión que esbocé todos los argumentos para disipar cualquier sensación de que lo que hay detrás es diferente a la intención de contar con más y mejor información. Factores difíciles de prever han llevado a un remedio que amenaza con ser peor que la enfermedad, que no es difícil de diagnosticar: la necesidad de una ciudadanía más orientada e informada en momentos delicados.
