La contradicción estatal frente a la violencia que azota Colombia
La interrogante no resulta exagerada en absoluto. Se transforma en algo inevitable cuando se observa que, mientras la nación intenta comprender la violencia que persiste sin tregua, el Estado decide levantar órdenes de captura contra 23 criminales de Antioquia, actuando como si nada trascendental ocurriera. Estos mismos individuos son aquellos que el Gobierno ya había cobijado previamente y con los cuales se había alineado públicamente en una desafiante tarima en Medellín. Existen determinaciones que desconciertan profundamente, pero esta particularmente indigna por su contexto y consecuencias.
Un escenario de negociaciones paralelas y violencia creciente
Porque este hecho no sucede en el vacío. Ocurre simultáneamente mientras el Gobierno continúa sentado en una mesa de diálogo con las disidencias comandadas por alias Calarcá, comportándose como si en los territorios no estuvieran aconteciendo hechos graves. Como si el país no estuviera presenciando lo evidente: que la violencia no solamente no ha disminuido, sino que se ha sofisticado y expandido bajo el amparo de esa supuesta "paz total". Entonces, surge nuevamente la pregunta incómoda: ¿del lado de quién se posiciona realmente el Gobierno?
Mientras a los ciudadanos se les exige paciencia y resiliencia, a los criminales se les otorgan beneficios y concesiones. Mientras comunidades enteras en las regiones se ven forzadas a huir por las amenazas, el Estado relaja incluso la presión judicial sobre quienes ejercen el miedo como herramienta de control. Mientras el ministro de Defensa anuncia operaciones para capturar a alias Calarcá, el Presidente lo mantiene como interlocutor válido en mesas de negociación.
La ausencia de gestos verificables y la estrategia armada
Porque en este contexto no existe un cese real de hostilidades. No se observan gestos verificables de paz auténtica. No hay una voluntad tangible para desescalar la violencia. Lo que sí existe es una estrategia calculada por parte de los grupos armados: ganar tiempo valioso, fortalecer sus estructuras, expandir su control territorial… todo mientras negocian con el Estado.
Y un Gobierno que parece haber adoptado esa lógica como propia. Lo que estamos presenciando es la consolidación progresiva de una zona gris peligrosa donde la línea divisoria entre legalidad e ilegalidad se desdibuja cada vez más, creando un terreno fértil para la impunidad.
Los beneficiarios de los gestos estatales
En medio de esta compleja situación, resulta crucial no perder de vista quiénes son los que actualmente reciben gestos y concesiones del Estado. Las disidencias de alias Calarcá no constituyen una contraparte política legítima: son estructuras armadas que han sembrado terror en amplias zonas del país mediante:
- Asesinatos selectivos y masacres
- Secuestros extorsivos
- Reclutamiento forzado de menores de edad
- Desplazamientos masivos de población
- Control territorial basado en la intimidación sistemática
Y exactamente lo mismo ocurre con los cabecillas del entramado criminal en Medellín: organizaciones que han construido su poder sobre pilares como la extorsión, el narcotráfico a gran escala y la violencia cotidiana en los barrios, afectando la vida de miles de colombianos.
La paz total como señal peligrosa de cesión estatal
Esta denominada "paz total" se ha convertido en una señal peligrosa que indica que el Estado está dispuesto a ceder terreno, incluso cuando no recibe contraprestaciones verificables a cambio. ¿O acaso sí las hay? Porque levantar órdenes de captura contra cabecillas criminales en plena fase de expansión de estas estructuras no solamente debilita el sistema de justicia, sino que también consolida su poder territorial. Y ese poder, en el contexto colombiano, nunca ha sido neutral ni benigno.
Aquí es donde la pregunta incómoda adquiere forma concreta: ¿esta estrategia responde a una ingenuidad política… o a un cálculo electoral deliberado? Porque mientras se sostienen mesas de diálogo, se otorgan beneficios procesales y se alivian cargas judiciales, esas mismas estructuras criminales continúan controlando comunidades vulnerables. Siguen manteniendo la capacidad de intimidar, de presionar, de incidir en la vida cotidiana. ¿Con qué propósito final?
El riesgo de la instrumentalización electoral de la violencia
¿Para que, llegado el momento electoral crítico, ese control territorial se traduzca en votos cautivos? ¿Para que las armas terminen inclinando la balanza en las urnas mediante coerción? Negociar con criminales no es una práctica novedosa en Colombia. Pero hacerlo mientras estos siguen cometiendo asesinatos, mientras se fortalecen operativamente y, además, recibiendo alivios judiciales, sí marca un quiebre preocupante en los principios de justicia.
Si la paz implica tolerar que sigan matando impunemente, entonces no es paz auténtica. Si además implica empoderarlos territorialmente, estamos frente a una renuncia clara del Estado a una de sus funciones fundamentales. Y si ese empoderamiento criminal termina influyendo decisivamente en los procesos electorales, entonces ya no estamos ante un simple error de cálculo, sino ante una complicidad estructural con la ilegalidad.
