Fiscalía solicita imputación contra presidente de Ecopetrol por presuntos delitos electorales
Este lunes, la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente dos solicitudes de imputación contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por su presunta participación en delitos relacionados con la campaña presidencial de 2022. Los cargos específicos incluyen violación de topes electorales y tráfico de influencias, según confirmaron fuentes oficiales.
Reacciones políticas y defensa legal
Los abogados defensores de Roa emitieron un comunicado indicando que "no han sido notificados formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación" por parte de los fiscales. Además, afirmaron que su cliente "respeta las instituciones y acata sus decisiones", manteniéndose en disposición de atender cualquier requerimiento de las autoridades.
Sin embargo, desde diversos sectores políticos han surgido voces exigiendo la renuncia del funcionario. Juan Fernando Cristo, exministro y candidato presidencial de En Marcha, declaró que "sin afectar la presunción de inocencia", considera que la permanencia de Roa en Ecopetrol "es dañina para la empresa, es insostenible, afecta el buen nombre".
Posiciones partidistas y contexto político
La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y la candidata presidencial Paloma Valencia se sumaron a las críticas. Valencia afirmó que el presidente Gustavo Petro "está mal de Gobierno y pésimo de asesores", mencionando también a otras figuras cercanas al mandatario que enfrentan investigaciones judiciales.
Desde el partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, se solicitó formalmente la remoción de Roa de la presidencia de Ecopetrol, argumentando la necesidad de "cumplimiento efectivo de las normas estatutarias, de buen gobierno corporativo y de ética empresarial".
Silencio institucional y perspectivas futuras
Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni la junta directiva de Ecopetrol se han pronunciado públicamente sobre el caso. Ricardo Roa, quien fungió como gerente de la campaña que llevó a Petro a la presidencia en 2022, continúa ejerciendo sus funciones al frente de la petrolera estatal.
El desarrollo de este proceso judicial ocurre en un contexto político sensible, donde varias figuras cercanas al gobierno enfrentan investigaciones por diversos presuntos delitos. La situación ha generado un intenso debate sobre los límites entre la actividad política y las responsabilidades en cargos de dirección de empresas estatales.
