Fiscalía responde oficialmente a Paloma Valencia sobre caso de alias 'Calarcá'
La Fiscalía General de la Nación ha emitido una respuesta formal a la senadora Paloma Valencia respecto a la situación judicial de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias 'Calarcá Córdoba'. En una carta firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, se confirma que se ha solicitado directamente al presidente de la República, Gustavo Petro, la revocatoria de su designación como miembro representante en los diálogos de paz, un paso fundamental para reactivar las órdenes de captura que pesan en su contra.
Designación presidencial y suspensión de capturas
Según los documentos oficiales, alias 'Calarcá' fue designado el 29 de diciembre de 2023 como representante del denominado "Estado Mayor Central de las FARC-EP" mediante una resolución presidencial específica. Esta designación permitió que, en enero de 2024, se suspendieran temporalmente las órdenes de captura en su contra, tras una solicitud formal presentada por la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz.
La Fiscalía ha informado que, posteriormente a esta designación, ha tenido conocimiento de múltiples conductas delictivas presuntamente cometidas por alias 'Calarcá', lo que ha derivado en la apertura de nuevas investigaciones penales que actualmente se encuentran en curso. Estas investigaciones buscan establecer su responsabilidad en los hechos denunciados.
Régimen de condicionalidad y marco constitucional
La suspensión de órdenes de captura en estos casos está sujeta a un estricto régimen de condicionalidad que exige:
- Participación genuina y activa en los procesos de paz establecidos
- Abstención total de cometer nuevos delitos durante el período de suspensión
- Cumplimiento de todas las condiciones establecidas por las autoridades judiciales
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede llevar directamente a la revocatoria del beneficio concedido. Este marco legal fue definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023, la cual establece claramente que la Rama Judicial es competente para evaluar la suspensión de órdenes de captura, siempre que el Gobierno justifique adecuadamente la medida y la autoridad judicial correspondiente valide sus condiciones específicas.
Desacuerdos institucionales sobre competencias
La carta revela además un significativo desacuerdo entre diversas entidades del Estado colombiano respecto a quién tiene la facultad legal para reactivar las órdenes de captura suspendidas. En reuniones realizadas durante el año 2026 con participación del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la DIJIN y la Defensoría del Pueblo, no se logró alcanzar un consenso sobre el alcance preciso de estas competencias.
En particular, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz sostuvo en la reunión del 6 de abril que la Fiscalía General de la Nación no tendría la facultad legal para reactivar dichas órdenes de captura, atribuyendo esta competencia exclusivamente al presidente de la República. Esta interpretación se basa en la misma sentencia de la Corte Constitucional mencionada anteriormente.
Solicitud directa al presidente Petro
Ante este escenario de desacuerdo institucional, la Fiscalía General ha optado por solicitar directamente al jefe de Estado la revocatoria de la calidad de miembro representante no solo de alias 'Calarcá', sino también de otros integrantes de estructuras armadas que han sido señalados por presuntos delitos graves. Entre estos se incluyen:
- Miembros del Frente 33 de las disidencias
- Integrantes del Bloque Magdalena Medio
- Otros actores armados con procesos judiciales activos
Estos individuos han sido señalados específicamente por presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos con posterioridad a su designación oficial en los procesos de paz, lo que constituye una violación directa del régimen de condicionalidad establecido.
La respuesta de la Fiscalía a la senadora Valencia destaca la complejidad institucional que rodea estos casos y subraya la importancia del marco constitucional en la aplicación de las medidas de justicia transicional dentro del proceso de paz en Colombia.
