En una decisión que ha provocado una reacción inmediata en el sector financiero, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 415 de 2026, mediante el cual ordena a los fondos privados de pensiones (AFP) transferir aproximadamente 25 billones de pesos a Colpensiones. Esta medida afecta directamente los recursos de aquellos afiliados que, estando a menos de diez años de su edad de jubilación, decidieron trasladarse al régimen público en los últimos meses.
Reacción de Asofondos
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, recibió la noticia durante el Congreso del gremio en Cartagena y calificó el anuncio como "una muy mala noticia para el ahorro nacional, sobre todo". El líder gremial señaló que el sector se encuentra en proceso de revisión técnica y legal del documento para determinar las acciones a seguir.
Plazos y mecanismos de entrega
El decreto establece un cronograma estricto para el giro de estos recursos, equivalentes a casi 7.000 millones de dólares. Las administradoras cuentan con un plazo inicial de 20 días para trasladar la mitad del capital, y 10 días adicionales para completar el resto del monto total. En cuanto a la forma de entrega, el Gobierno ha habilitado que el traslado no sea exclusivamente en efectivo. Según los detalles del decreto, los recursos podrán moverse a las arcas del Estado "o en efectivo o en títulos", incluyendo títulos de deuda pública o inversiones admisibles como acciones de empresas inscritas en el mercado de valores.
Origen y composición de los fondos
Los 25 billones de pesos reclamados por el Estado provienen mayoritariamente del denominado "fondo conservador", donde se agrupan los ahorros de las personas más cercanas a la edad de pensión. Al respecto, Velasco explicó que estos dineros no están ociosos: "Nuestra obligación es invertir y ganar rentabilidad siempre. Entonces, todo está en título de deuda pública". De hecho, se estima que el 70% de estos recursos se encuentran actualmente invertidos en títulos de deuda pública interna en Colombia, mientras que el resto se reparte en renta variable y otros activos de corto plazo. El Gobierno justifica esta orden bajo el argumento de que debe responder por las pensiones de quienes se trasladaron sin haber recibido aún los recursos que permanecen en las administradoras privadas, lo cual estaría causando una "crisis financiera en Colpensiones".
Dudas sobre la legalidad de la medida
Uno de los puntos de mayor fricción radica en la legalidad del traslado frente a la reciente reforma pensional. Asofondos sostiene que el decreto contradice lo estipulado por el Congreso de la República en la Ley 2381, la cual determinaba que estos recursos debían permanecer ahorrados. Andrés Velasco fue enfático al manifestar las dudas jurídicas que rodean la norma: "nosotros no encontramos, así como no lo encuentra la Contraloría ni el Banco de la República, la legalidad para poder trasladar estos recursos". El presidente del gremio subrayó que el deber de las AFP es actuar como fiduciarios y proteger el capital: "nuestro deber fiduciario es con la nación colombiana de proteger los recursos de los pensionados".
Futuro de los ahorros pensionales
Ante la posibilidad de interponer recursos legales o apelar a una presunción de inconstitucionalidad, Asofondos ha pedido cautela hasta completar un análisis minucioso del texto final. La preocupación central del gremio es evitar la desacumulación de capital en el corto plazo, defendiendo que "estos son los recursos pensionales que garantizan las pensión del futuro". Por ahora, las administradoras se reservan el derecho de tomar acciones institucionales una vez concluya la revisión de las condiciones impuestas por el decreto, mientras el país observa de cerca el impacto que este masivo movimiento de capital tendrá en el mercado de valores y el ahorro nacional.
