La Imprenta Nacional se pronunció este domingo sobre las dudas que persisten en torno al nuevo modelo de expedición de pasaportes, que entró en vigencia el 1 de abril. El esquema, según el presidente Gustavo Petro, busca lograr “soberanía” en la elaboración de estos documentos. Sin embargo, a pocos días de que finalice la urgencia manifiesta firmada con Thomas Greg & Sons, los entes de control mantienen su atención en la entidad, que además enfrenta procesos judiciales.
Mediante un comunicado, la dependencia a cargo de la gerente Viviana León se refirió a la visita de la Procuraduría el pasado 23 de abril, en el marco del caso que se tramita ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La entidad afirmó que “ha atendido los requerimientos de los órganos de control dentro del marco constitucional y legal de colaboración armónica”.
El comunicado señala que “el convenio cuestionado no tuvo por objeto contratar a un proveedor privado para imprimir pasaportes, ni adquirir libretas en el mercado ordinario. Su finalidad es implementar un modelo de cooperación pública internacional orientado a transferir progresivamente al Estado colombiano capacidades tecnológicas, productivas, operativas, de custodia, personalización, trazabilidad, control y conocimiento especializado en documentos de alta seguridad”.
Esta respuesta surge después de un artículo de CAMBIO que reveló que 11 funcionarios de la Procuraduría de Gregorio Eljach estuvieron en la sede de la Imprenta. La inspección, que duró seis horas, contó con la participación de León y determinó que la mayoría de las libretas que han llegado a Colombia provienen de IN Groupe, una empresa francesa involucrada en un caso de corrupción por la producción de pasaportes en Ucrania. De acuerdo con el informe, 59.000 pasaportes han sido enviados desde París y 7.400 desde Lisboa, Portugal.
Durante la inspección, la gerente afirmó que no podría “certificar quién fabricó esas libretas”, ya que su cargo solo le corresponde “certificar las libretas que llegan a la Imprenta Nacional, personalizarlas y custodiarlas”. Un documento en poder de El Espectador señala que a la entidad le corresponden las “competencias de dirección estratégica y definición de lineamientos generales, sin que le corresponda la gestión operativa, técnica o la ejecución directa del modelo”.
La Imprenta Nacional sostiene que “presentar la existencia de libretas provenientes del exterior como una supuesta prueba de fracaso desconoce la lógica del modelo. La fase inicial contempla apoyos internacionales mientras se consolidan las capacidades nacionales. Lo relevante no es aislar una etapa del proceso, sino verificar si el esquema está orientado a que la INC asuma progresivamente la producción, personalización, custodia y control del servicio bajo estándares de seguridad”. Y agrega: “Colombia no está retrocediendo hacia la dependencia. Está construyendo, por primera vez, un modelo público de capacidades propias para documentos de alta seguridad”.
El nuevo modelo ya es centro de varias polémicas. Estas involucran a exfuncionarios del gobierno como los tres cancilleres previos —Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, quienes tienen indagaciones en curso—, así como procesos judiciales que buscan tumbar el convenio. La Procuraduría continúa adelantando investigaciones.
