Junta Directiva de Ecopetrol enfrenta críticas tras rebaja en calificación crediticia
La situación interna de Ecopetrol ha alcanzado un punto crítico luego de que la agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) redujera su calificación crediticia global de BB a BB-. Aunque inicialmente la compañía atribuyó este ajuste al comportamiento del riesgo país, una investigación revela que el informe de la calificadora contiene cuestionamientos directos sobre la gestión y conformación de la junta directiva de la estatal petrolera.
Presión gubernamental y falta de independencia
El documento de S&P, que será analizado obligatoriamente en la sesión de la junta programada para el próximo 21 de abril, señala un deterioro significativo en la gobernanza de la empresa. La agencia califica de "negativa" la gobernanza de Ecopetrol, identificando al Gobierno Nacional, en su calidad de accionista mayoritario, como una fuente de presión financiera constante que se ejerce a través del cuerpo colegiado.
Uno de los aspectos más preocupantes radica en la independencia de los miembros de la junta. El informe destaca que, de los nueve integrantes, solo dos son considerados independientes. Esta falta de rotación y la alta presencia de perfiles vinculados directamente al Ejecutivo han sido advertidas por expertos como un riesgo grave para el gobierno corporativo que rige a la compañía.
Desafíos financieros y política de dividendos
La lupa financiera de S&P también detectó un consumo de recursos significativamente superior a las proyecciones. La estatal petrolera consumió casi 9 billones de pesos por encima de lo esperado. En términos prácticos, esto implicó que, en lugar de generar una caja libre de 2,95 billones de pesos, la empresa terminó con un consumo adicional de 5,9 billones, impactando una deuda total que ya supera los 118 billones de pesos.
A este complejo escenario se suma la política de repartición de dividendos. En 2024, Ecopetrol distribuyó 15,6 billones de pesos en dividendos, una cifra que superó su utilidad neta de 14,9 billones. Además, por iniciativa del Ministerio de Hacienda, el dividendo por acción fue elevado de 110 a 121 pesos, lo cual, según S&P, limita severamente la flexibilidad financiera de la empresa frente a sus desafíos fiscales.
Cambio de liderazgo y vigilancia internacional
El debut de Juan Carlos Hurtado como nueva cabeza de la compañía estuvo marcado por la necesidad de responder a estas observaciones. Hurtado asumió el cargo en reemplazo de Ricardo Roa, quien se encuentra en periodo de vacaciones y licencia no remunerada mientras enfrenta procesos penales por presunta violación de topes en la campaña presidencial y tráfico de influencias.
El presidente Gustavo Petro ha manifestado públicamente su descontento con la junta, calificando a algunos representantes de "asustadizos" por no sostener la defensa de Roa frente a los señalamientos judiciales. Sin embargo, el temor real entre los miembros de la junta es que los hallazgos de S&P deriven en investigaciones administrativas o judiciales por parte de autoridades en Estados Unidos.
Dado que Ecopetrol cotiza en la bolsa de valores de ese país, sus directivos podrían ser objeto de escrutinio si se demuestra que no actuaron para proteger la estabilidad financiera y reputacional de la petrolera. Esta situación pone en evidencia las tensiones internas y los desafíos de gobernanza que enfrenta una de las empresas más importantes del país.
