Duras acusaciones del excanciller contra el presidente Petro
El excanciller colombiano Álvaro Leyva Durán ha lanzado una nueva andanada de acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, calificándolo como "jefe de la mafia" y responsabilizándolo de múltiples problemas que atraviesa el país. Estas declaraciones se producen en medio del proceso judicial que enfrenta Leyva por el delito de prevaricato, relacionado con la fallida licitación para la expedición de pasaportes.
La crisis de pasaportes y la acusación de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Álvaro Leyva por prevaricato debido a su decisión, durante su gestión como canciller, de declarar desierta la licitación para la elaboración de pasaportes. Según el ente acusador, el exfuncionario habría actuado de manera irregular, una afirmación que Leyva rechaza categóricamente.
En un extenso comunicado público, el excanciller defendió su actuación, argumentando que su decisión "obedeció al cumplimiento de la Constitución", al considerar que el proceso contractual se basaba en un "pliego sastre" que vulneraba principios fundamentales de igualdad y transparencia. "El mundo al revés", escribió Leyva, advirtiendo que aceptar la tesis de la Fiscalía establecería un peligroso precedente para cualquier funcionario público.
La ruptura política y las graves acusaciones
El enfrentamiento entre Leyva y Petro representa uno de los quiebres políticos más significativos dentro del propio gobierno. Quien fuera una figura clave durante la campaña presidencial de 2022 y el primer canciller del mandato petrista, ahora se ha convertido en uno de sus críticos más severos.
Leyva asegura enfrentar una "persecución atroz" impulsada desde el Gobierno nacional como represalia por las denuncias que, según él, ha hecho sobre presuntos vínculos del mandatario con el mundo del narcotráfico. El exministro afirmó que incluso habría advertido previamente sobre supuestos planes para judicializarlo y atentar contra su vida.
En su más reciente pronunciamiento, el excanciller elevó considerablemente el tono de sus señalamientos:
- Calificó al presidente como "un ser infame"
- Aseguró que Colombia atraviesa una de sus etapas más oscuras
- Afirmó que el Gobierno intenta interferir en el escenario electoral mediante presuntas interceptaciones ilegales
- Denunció estrategias para desacreditar a candidatos opositores
La batalla jurídica y las consecuencias administrativas
Álvaro Leyva anunció que dará la batalla jurídica ante la Corte Suprema de Justicia, donde espera demostrar que dejó en marcha una nueva licitación "limpia y legal" para los pasaportes. Según su versión, este proceso fue posteriormente suspendido por el actual canciller Luis Gilberto Murillo.
El excanciller sostiene que esta decisión derivó en graves consecuencias:
- Una contratación urgente innecesaria con sobrecostos cercanos a 30 mil millones de pesos
- La adquisición de un software adicional que, asegura, terminó sin resultados claros
- El agravamiento de la crisis de expedición de pasaportes que afecta a miles de colombianos
De aliado estratégico a opositor severo
La relación entre Leyva y Petro, que durante meses fue considerada como cercana y estratégica, comenzó a deteriorarse tras polémicas internas en la Cancillería y desacuerdos sobre decisiones administrativas y políticas. La ruptura se hizo pública en 2024, cuando el excanciller empezó a enviar cartas abiertas cuestionando el rumbo del Gobierno.
En estas comunicaciones, Leyva denunció una supuesta "degeneración moral y política" dentro del Ejecutivo, marcando su transición de aliado estratégico a uno de los opositores más severos del presidente. El exfuncionario afirmó haber asumido la Cancillería con la esperanza de impulsar un cambio político, pero aseguró que posteriormente conoció aspectos personales y políticos del mandatario que lo llevaron a denunciarlo públicamente.
El comunicado también incluye referencias a su trayectoria familiar y política, citando la influencia de figuras conservadoras como su padre Jorge Leyva Urdaneta, Álvaro Gómez Hurtado y Misael Pastrana Borrero, a quienes atribuye su defensa del orden institucional y del Estado de derecho.
