El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, solicitó formalmente al Consejo de Estado que revoque la suspensión del Decreto 0182 de 2026. Esta norma tiene como objetivo mejorar la gestión del riesgo en salud y fortalecer la operación de las EPS con un enfoque territorial y poblacional, especialmente en zonas dispersas y de baja densidad demográfica.
Contexto de la medida cautelar
La medida cautelar que paralizó el decreto fue adoptada el pasado 6 de mayo, luego de una demanda presentada por la congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde. La suspensión temporal impidió el traslado de millones de afiliados a la Nueva EPS, generando incertidumbre sobre la continuidad del aseguramiento en regiones apartadas del país.
En su momento, Miranda argumentó que la Nueva EPS ha presentado serias dificultades en la prestación de servicios, lo que se refleja en recientes fallecimientos asociados a presuntas fallas en el suministro oportuno de medicamentos.
Argumentos del Ministerio de Salud
En su petición al Consejo de Estado, el Ministerio de Salud sostiene que la suspensión del decreto genera efectos negativos sobre la articulación interinstitucional, la coordinación, la gobernanza y la continuidad del aseguramiento en zonas vulnerables. Esto expone a la población a vacíos operativos que podrían afectar su acceso a servicios esenciales.
Además, el Gobierno considera que la medida cautelar es desproporcionada y no idónea, ya que el daño que se pretende prevenir es menos grave que los perjuicios que ocasiona la paralización total de la norma. Según el Ministerio, el decreto busca corregir fallas estructurales del mercado de aseguramiento, garantizar la continuidad del servicio en zonas dispersas y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema.
Impacto en la población
El Ministerio enfatizó que el Decreto 0182 de 2026 implementa mecanismos diferenciales para garantizar equidad, sostenibilidad financiera y acceso efectivo a los servicios de salud en todo el territorio nacional, especialmente en regiones marginadas o de baja densidad poblacional. La paralización de estas medidas podría afectar la protección del derecho fundamental a la salud, la continuidad de los servicios y la sostenibilidad financiera del sistema de aseguramiento.
El Gobierno también recordó que la Nueva EPS ha enfrentado serias dificultades, lo que motivó la demanda de Miranda. Sin embargo, insiste en que la suspensión total del decreto no es la solución adecuada.
Solicitud final
El Ministerio solicitó al Consejo de Estado que revoque la medida cautelar ordenada en octubre de 2025, para permitir la implementación plena del decreto y los mecanismos de coordinación territorial que optimicen la operación de la Nueva EPS y aseguren la cobertura de millones de afiliados.
