Petro anuncia nueva ley de financiamiento tras fallo de la Corte Constitucional sobre emergencia económica
Nueva ley de financiamiento tras fallo de la Corte Constitucional

Gobierno de Petro presentará nueva ley de financiamiento tras revés judicial

El presidente Gustavo Petro confirmó este viernes 10 de abril de 2026 que su gobierno presentará una nueva ley de financiamiento ante el Congreso, como respuesta directa al fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual se había decretado la emergencia económica en diciembre del año anterior.

Consecuencias del fallo constitucional

El mandatario colombiano aseguró que la decisión del alto tribunal expone a los colombianos a una deuda más cara y afirmó que los hechos "sobrevinientes" que justificaron la declaratoria de emergencia económica eran reales y documentados. Según Petro, el principal hecho extraordinario en diciembre de 2025 tenía que ver con "el encarecimiento de la deuda que tendría que pagar el pueblo colombiano a los dueños del sistema financiero".

El presidente detalló que otro hecho sobreviniente estaba relacionado con la falta de recursos para atender situaciones de imprevisibilidad climática, específicamente la llegada de varios frentes fríos que generaron incrementos excesivos en las lluvias. Petro recalcó que su gobierno allegó todos estos justificantes a la Corte mientras esta mantuvo suspendido el decreto de emergencia.

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Críticas a las decisiones institucionales

El jefe de Estado señaló que la problemática ya no es sobreviniente debido a que la decisión del alto tribunal de no aprobar la emergencia, sumada al hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, "provocó que los colombianos ya se estén viendo afectados con una deuda más cara y con una crisis climática".

Petro fue contundente al afirmar: "La Corte Constitucional, al no aprobar la emergencia y suspenderla, hizo realidad lo que era un hecho sobreviniente probable: efectivamente, se encareció la deuda en billones de pesos y efectivamente fuimos víctima de un imprevisible caso de crisis climática".

Cuatro actos de desfinanciación

El presidente identificó lo que denominó cuatro actos de desfinanciación del gobierno:

  1. Dos por parte de la Corte Constitucional
  2. Dos por parte del Congreso de la República

Estas decisiones, según Petro, han generado alzas en la deuda que pasaron del 7% al 13%, lo que calificó como "una verdadera pérdida de riqueza nacional que pasa a ser utilidades de los dueños del sistema financiero".

Nuevas medidas y anuncios

Como consecuencia de la suspensión provisional de la norma, el ejecutivo tuvo que presentar otra emergencia económica para la zona de desastre y acudir a un nuevo estado de excepción para asumir trabajo legislativo transitorio. Petro argumentó que "no se puede esperar los lapsos de tiempo legislativo en el Congreso para evitar los daños al país".

El mandatario fue crítico con el Congreso, señalando que "durante dos oportunidades, tuvo la oportunidad a tiempo de resolver el desbalance fiscal que el mismo Congreso aprobó en ley. No lo hizo".

Compromisos del gobierno

Frente a esta situación, Petro afirmó que su gobierno "se para en la raya" para no permitir que ningún ciudadano tenga que pagar la crisis que, según él, fue provocada por los "dueños del sector financiero y sus amigos en las institucionales del Estado, buscando más ganancias particulares".

El presidente confirmó que no recortará el gasto social porque la Constitución Política lo prohíbe, sino que postergará las transferencias a sectores "pudientes".

Nueva ley de financiamiento

Como respuesta al fallo del alto tribunal, Petro anunció que presentará nuevamente una ley de financiamiento ante el Congreso, debido a que el Presupuesto General de la Nación sigue desfinanciado en $16 billones. El mandatario añadió que "se presentará al actual Congreso, la ley de priorización de la alimentación y el agua potable en el país".

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Esta nueva iniciativa legislativa busca abordar el desbalance fiscal que, según el gobierno, se ha agravado tras las decisiones de la Corte Constitucional y el Congreso, afectando directamente la capacidad del Estado para responder a las necesidades básicas de la población colombiana.