El decreto que regula el traslado de recursos por 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones ha abierto un nuevo frente de debate sobre el sistema pensional en Colombia. La medida ha puesto en discusión el uso, la propiedad y la destinación de los recursos de los afiliados, así como su impacto fiscal.
En este contexto, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un cruce de posturas que refleja las tensiones entre sostenibilidad financiera, diseño institucional y libertad de elección dentro del modelo pensional colombiano.
Cuestionamientos sobre el origen del decreto
Oviedo cuestionó la medida al señalar que responde a una cadena de decisiones fiscales que, en su concepto, han incrementado las presiones sobre el sistema público. “Esto es una pirámide: el presidente decretó el salario mínimo, eso subió el costo de las pensiones, Colpensiones no lo tenía calculado, ahora falta plata”, afirmó.
El exdirector del Dane sostuvo que el incremento del salario mínimo tiene efectos directos sobre el valor de las mesadas en el régimen público, lo que eleva las obligaciones del Estado. A su juicio, esto habría generado un desbalance entre ingresos y gastos en Colpensiones.
Según su planteamiento, la respuesta del Gobierno ha sido acudir a nuevos instrumentos regulatorios. “¿La solución? Otro decreto. Para traer los ahorros de la gente, cubrir el hueco… y de paso tener caja a un mes de las elecciones”, añadió, sugiriendo un uso coyuntural de los recursos.
Oviedo también advirtió sobre los riesgos de este enfoque para la confianza en el sistema. “Hay gente que defiende pirámides. Otros, como el presidente, las arman”, señaló, cuestionando la sostenibilidad de decisiones que, en su opinión, trasladan cargas financieras hacia el futuro.
En esa línea, concluyó que este tipo de medidas pueden generar efectos estructurales negativos. “Jugando con ilusiones, vendiendo una fantasía. En lo privado o en lo público, el resultado es el mismo: todos quebrados”, afirmó, enfatizando su preocupación por la estabilidad del sistema.
Argumentos del Gobierno sobre el traslado
Por su parte, Petro defendió el decreto bajo el argumento de que los recursos pensionales pertenecen a los afiliados. “El ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más”, afirmó, en respuesta a las críticas sobre una eventual apropiación indebida.
El mandatario explicó que el traslado hacia Colpensiones se da en el marco de decisiones individuales. “Los trabajadores cotizantes de fondos privados de pensiones, si se trasladan libremente a Colpensiones, son los propietarios de sus ahorros y han decidido llevarlo a pensiones”, señaló.
En cuanto al manejo fiscal, el presidente rechazó que exista un uso indebido de los recursos. “Colpensiones no entrega dinero al gobierno, no engañe a los colombianos”, afirmó, y agregó que el Estado ya financia el sistema público con más de 12 billones de pesos anuales.
Petro también enmarcó la discusión dentro de un debate más amplio sobre reformas estructurales. Señaló que sectores que han demandado cambios en materia laboral, pensional y de salud buscan frenar transformaciones que, según su visión, favorecen a los trabajadores.
En su respuesta, el Presidente vinculó las críticas con intereses del sistema financiero. “Ustedes quieren anular la libertad de la gente trabajadora de Colombia para agrandar las utilidades de los banqueros”, afirmó, al referirse a los actores que participan en los fondos privados.
Cómo funcionaría el traslado a Colpensiones
La reglamentación del Gobierno establece condiciones específicas para el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, enfocándose principalmente en afiliados que ya tienen una relación directa con el régimen público o que iniciaron procesos de cambio.
Uno de los grupos cobijados es el de personas que ya se pensionaron en Colpensiones, pero cuyos ahorros permanecen en fondos privados. En estos casos, las administradoras deberán transferir los recursos acumulados para respaldar el pago de esas pensiones.
También incluye a afiliados que se trasladaron de régimen, pero que aún no cumplen los requisitos para pensionarse. Para ellos, el ahorro individual deberá ser trasladado al sistema público, con el fin de consolidar su historial dentro de Colpensiones.
El proceso contempla plazos definidos para las administradoras de fondos privados, que deberán realizar giros parciales en un periodo inicial y completar el traslado en etapas posteriores, incluyendo tanto dinero en efectivo como activos financieros autorizados.
Además, los recursos transferidos incluirán no solo los aportes realizados por los afiliados, sino también los rendimientos generados a lo largo del tiempo, lo que busca garantizar que el capital refleje el valor acumulado en las cuentas individuales.
La medida tiene como objetivo alinear los activos con las obligaciones del sistema público, corrigiendo desbalances entre quienes reciben pensión en Colpensiones y los recursos que respaldan esos pagos, en un contexto de ajustes al modelo pensional.
No obstante, su implementación ha generado debate entre analistas y actores del sector, quienes advierten sobre posibles efectos en la confianza, la seguridad jurídica y el funcionamiento del sistema financiero, especialmente por el traslado de recursos aún en fase de acumulación.
