La suspensión parcial del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, que ordenaba a los fondos privados de pensiones trasladar $25 billones a Colpensiones, ha generado fuertes reacciones del Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro y los ministerios de Hacienda y Trabajo expresaron su descontento con la medida cautelar del Consejo de Estado.
Comunicado de los ministerios
Los ministerios de Hacienda y Trabajo emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación por la decisión judicial, adoptada en un tiempo excepcionalmente expedito. Señalaron que, aunque respetan la independencia judicial, este tipo de decisiones urgentes sin debate contradictorio afectan la sostenibilidad del sistema pensional y los derechos de los trabajadores.
El Decreto 415 fue expedido en desarrollo del Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y la Ley 100 de 1994, con el fin de dar coherencia financiera al sistema y asegurar que los recursos de quienes se trasladaron a Colpensiones acompañen las obligaciones pensionales del Estado. Los ministerios calificaron de inequitativo que los fondos privados mantengan el control de los ahorros mientras el sistema público asume los riesgos y pagos de pensiones.
Reacción del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, arremetió contra el Consejo de Estado, afirmando que la alta corte está vetando el traslado de los ahorros de los trabajadores y permitiendo que los banqueros roben dichos ahorros. Invitó al pueblo trabajador a movilizarse el primero de mayo en apoyo a una asamblea constituyente popular, para defender el derecho a la pensión, bajar las tasas de interés y generar empleo.
Petro vinculó la constituyente con la aprobación de reformas sociales y la lucha contra la corrupción. En su mensaje, instó a la movilización general por la Asamblea Nacional Constituyente.
Acciones jurídicas y llamado a fondos privados
Los ministerios de Hacienda y Trabajo anunciaron que ejercerán todas las acciones jurídicas necesarias para garantizar que prevalezcan los principios constitucionales de la seguridad social. Asimismo, hicieron un llamado a los fondos privados para que trasladen los recursos de aproximadamente 25 mil personas que ya consolidaron su derecho pensional y cuyas mesadas son asumidas por el fondo público.
El Consejo Gremial, por su parte, respaldó la suspensión del traslado, considerándola una muestra de defensa de la Constitución. La controversia continúa mientras el Gobierno busca revertir la medida cautelar.
