Un choque de versiones ha marcado las últimas 72 horas en torno al proceso electoral que se desarrollará en Colombia en 16 días, generando más dudas entre las organizaciones que ejercerán vigilancia en las urnas. La controversia involucra al Gobierno nacional, la Registraduría, las candidaturas y los observadores internacionales que participarán en la elección del sucesor del presidente Gustavo Petro. Además, surgen alertas sobre la seguridad de los candidatos y presuntas presiones de grupos ilegales a la ciudadanía.
Reunión en la Casa de Nariño
Este jueves, el presidente Petro presidió un encuentro en la Casa de Nariño al que fueron invitados varios actores que supervisarán las elecciones del 31 de mayo. No todos asistieron. Del Consejo Nacional Electoral (CNE) estuvieron presentes el presidente Cristian Quiroz (Alianza Verde), y los magistrados Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Álvaro Echeverry (MIRA) y Pablo Julio Cruz (Comunes). También asistieron el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Jarahn Hillsman, y delegados del Centro Carter, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y Transparencia Electoral.
El registrador Hernán Penagos, contra quien Petro ha lanzado críticas, estaba invitado pero declinó por salud y agenda. Este hubiera sido su primer encuentro desde el 8 de marzo, día de las elecciones legislativas. En la reunión se discutió el enfrentamiento entre Petro y Penagos sobre los softwares electorales. El presidente insistió en la necesidad de auditar a fondo estos sistemas, mientras que la Registraduría advierte que podría generar riesgos de seguridad informática.
“Básicamente lo que el presidente dice es que el software se muestra, pero no se puede auditar. Lo que uno quiere es que se audite. Parece que algunas personas de observación extranjera vienen desde el punto de vista tecnológico y podrán realmente hacer los estudios”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la salida del encuentro. Agregó que los veedores “creen en la democracia que tiene el Gobierno”.
Simulacro electoral de la Registraduría
Paralelamente, la Registraduría realizó un simulacro del proceso electoral con representantes de todos los partidos y movimientos, y magistrados del Consejo de Estado. El registrador delegado para lo electoral, Jaime Suárez, enfatizó en el blindaje del proceso y la necesidad de reforzar la seguridad para permitir una votación libre. “Es necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, para asegurar la zona y llevar el material electoral”, subrayó el registrador Penagos.
Preocupaciones de seguridad
El magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) expresó en una carta al Ministerio del Interior su “preocupación frente a la crítica situación de orden público que afecta la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho fundamental”. Señaló la “inexistencia de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales” y citó informes de la Misión de Observación Electoral, que indica 185 municipios en riesgo (94 en riesgo extremo), y de la Defensoría del Pueblo, que reporta 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y actores políticos en el contexto preelectoral.
El ministro Benedetti calificó lo dicho por Prada como “mentira” y aseguró que el CORMPE “ha brindado garantías de seguridad como nunca antes en el país”. Afirmó que Prada ha sido invitado a todas las comisiones de garantías electorales, incluida la del 13 de mayo en Manizales, a la que asistieron cinco magistrados del CNE.
Presiones de grupos ilegales
Las alertas también provienen de las campañas. El candidato del oficialismo, Iván Cepeda, condenó un audio en el que un presunto jefe de las disidencias de alias “Calarcá” decía: “Ojalá gane Cepeda... porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”. Cepeda rechazó categóricamente cualquier presión al elector.
El expresidente Álvaro Uribe denunció que cinco grupos terroristas en la alta Guajira imponen votar por el aspirante del Pacto Histórico. Por su parte, la campaña de Abelardo de la Espriella reportó a una persona realizando “presuntas labores de inteligencia” en un evento, con armamento y dispositivos electrónicos.
Falta de anticipos y garantías
Figuras como Claudia López y Mauricio Lizcano señalaron que no han podido acceder a los anticipos estatales para gastos de campaña, lo que restringe sus actividades proselitistas y pone los reflectores sobre la falta de garantías.
Se acercan las elecciones presidenciales con 12 aspirantes. Las encuestas proyectan una segunda vuelta el 21 de junio, pero persisten dudas sobre cómo blindar el proceso, especialmente en seguridad, para que más de 41,5 millones de ciudadanos puedan votar en libertad.
