Gobierno de Petro declara emergencia económica en ocho departamentos del país
El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, expidió este jueves 12 de febrero de 2026 el Decreto 0150 de 2026, mediante el cual declaró formalmente la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos de Colombia. Esta medida extraordinaria afecta específicamente a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones que enfrentan situaciones críticas que requieren intervención inmediata del Estado.
Facultades extraordinarias para el Ejecutivo
Con esta declaratoria de emergencia, el presidente Petro adquiere la facultad de expedir decretos que no son simples decisiones administrativas, sino que funcionan como verdaderas leyes con plena fuerza normativa. Esta potestad contrasta marcadamente con los decretos reglamentarios o ejecutivos comunes, que solo sirven para administrar o aplicar leyes existentes sin capacidad para crear nuevas normas jurídicas.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, ya anticipó que entre las medidas que se implementarán bajo este marco de emergencia se encuentra la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Este gravamen se aplicaría específicamente a patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes aproximadamente a $10.400 millones, con una tarifa marginal inicial del 0,6% que se mantendría hasta alcanzar los 600.000 UVT, umbral que corresponde a cerca de $31.424 millones.
Historial de emergencias en el gobierno Petro
Desde comienzos del siglo XXI, Colombia ha declarado emergencia económica en ocho ocasiones distintas. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro ha utilizado esta figura constitucional en cuatro oportunidades diferentes, igualando el número total de declaratorias realizadas durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos y el gobierno completo de Iván Duque combinados.
La cronología de emergencias bajo la administración Petro incluye:
- 2023: Declarada debido a la crítica situación en La Guajira asociada al Fenómeno de El Niño, con medidas anunciadas en salud, agricultura, agua potable, energía y educación. Posteriormente, la Corte Constitucional tumbó varios de los decretos expedidos bajo esta declaratoria.
- 2025: Decretada tras la escalada de violencia en el Catatumbo, donde nuevamente la Corte Constitucional intervino para determinar qué decretos eran viables y guardaban relación directa con la atención de la crisis.
- Primer semestre de 2026: Relacionada con el aumento de casos de fiebre amarilla, aunque no se produjo un mayor despliegue de medidas económicas debido a que los contagios no continuaron en ascenso y la situación logró estabilizarse.
- Diciembre de 2025: Declarada después de que el Congreso hundiera la ley de financiamiento por $16,3 billones, con el objetivo de completar los recursos de un Presupuesto General de la Nación que ya había comenzado desfinanciado. Actualmente, la Corte Constitucional tiene suspendida provisionalmente esta declaratoria mientras adelanta su estudio de fondo.
Esta nueva emergencia económica se produce cuando faltan exactamente seis meses para que finalice el mandato del presidente Petro, marcando un precedente significativo en el uso de facultades extraordinarias durante la recta final de un gobierno. La medida ha generado debates constitucionales sobre los límites del poder ejecutivo y el control judicial sobre estas declaratorias de emergencia.
