Gobierno de Petro decreta cuarto estado de excepción en menos de tres años
A seis meses de culminar su mandato y apenas mes y medio después de la declaratoria de emergencia económica suspendida por la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro ha decretado por cuarta vez en su período un estado de excepción. Esta figura otorga al Ejecutivo superpoderes, incluyendo la facultad de establecer impuestos temporales, y en esta ocasión se justifica por la crisis generada por inundaciones en Córdoba y otros 16 departamentos que afectan a más de 94.000 familias.
Expertos advierten tendencia a gobernar por decreto
Analistas y expertos coinciden en que, aunque las razones para decretar el estado de excepción actual son concretas -un invierno inesperado en plena temporada seca que ha inundado miles de hectáreas-, existe preocupación por la tendencia del gobierno Petro a utilizar estas emergencias para imponer decisiones que han sido frenadas por otras ramas del poder. "Gustavo Petro ya lleva cuatro intentos de emergencia económica, y lo que se demuestra es que está pasando por encima del Congreso", manifestó la congresista Katherine Miranda.
Carolina María Horta, profesora e investigadora de la Pontificia Bolivariana de Medellín, observa en la administración de Petro una inclinación hacia un presidencialismo exacerbado. "Utilizar un decreto de emergencia para fijar un recaudo de tal magnitud (8 billones de pesos) evidencia, más que una urgencia súbita, una crisis de planeación nacional", señaló Horta.
Los cuatro estados de excepción del gobierno Petro
1. Emergencia en La Guajira (julio 2023): Declarada por el fenómeno de El Niño, fue tumbada meses después por la Corte Constitucional al considerar que los planes de mitigación debían pasar por el Congreso.
2. Estado de conmoción en Catatumbo (2025): Decretado ante la oleada violenta del ELN, mantuvo ciertos apartados pero otros fueron anulados por no considerar hechos sobrevinientes.
3. Emergencia económica nacional (diciembre 2025): Buscaba recaudar 16 billones de pesos tras el fracaso de la ley de financiamiento, actualmente suspendida provisionalmente por la Corte.
4. Emergencia climática actual (febrero 2026): Por inundaciones en Córdoba y 16 departamentos, con objetivo de recaudar 8 billones para atender a familias afectadas.
Posición de la Corte Constitucional
El alto tribunal se encuentra evaluando si la emergencia económica de diciembre se ajusta a la Constitución, mientras ya ha puesto la lupa sobre la reciente medida climática. La Procuraduría, representando a la sociedad, debe enviar su concepto no vinculante pero de peso en estas decisiones.
El ministro Armando Benedetti defendió la última declaratoria: "Ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte no tiene 'escapatoria política' para ayudar a los necesitados". Sin embargo, la posibilidad de que la Corte determine que el aparato estatal podía haberse preparado por vía ordinaria para la emergencia climática sigue latente.
Desde distintos sectores se han suscitado debates sobre posibles intereses políticos en plena época electoral, mientras el gobierno insiste en la urgencia de atender las necesidades de miles de colombianos afectados por las intensas lluvias.
