El sistema de salud en Colombia enfrenta un nuevo remezón tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud iniciar el proceso para retirar la licencia de operación a las EPS con peor desempeño, priorizando aquellas con mayor número de quejas por parte de los usuarios. La decisión, sustentada en el Decreto 780 de 2016, ya tendría su primer caso concreto: la EPS Coosalud.
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Durante una reciente alocución, el mandatario fue enfático en su instrucción. “Se deben revocar las autorizaciones de operación a las peores EPS del país”, afirmó, dejando claro que la medida busca enfrentar las fallas estructurales del sistema. En ese contexto, señaló directamente a Coosalud como una de las entidades con mayores problemas, especialmente en materia financiera.
Crisis en salud: Petro pide revocar operación de EPS y señala a Coosalud como la peor en finanzas
El anuncio se produce en medio de una controversia jurídica. El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la intervención que el Gobierno había ordenado sobre la EPS en noviembre de 2024 y solicitó devolverla a sus antiguos directivos. Frente a esto, el presidente reaccionó con dureza: “Es una aberración que se devuelva una EPS con estos antecedentes”, expresó, al tiempo que cuestionó decisiones judiciales que, según él, favorecen intereses ligados a la corrupción.
De acuerdo con el mandatario, las razones para tomar medidas contra Coosalud son graves y reiteradas. “La peor EPS en estados financieros es Coosalud”, aseguró, señalando además presuntos hechos como el desvío de recursos del sistema de salud y el uso indebido del dinero destinado a la atención en salud. Estas irregularidades, de comprobarse, constituyen causales directas para la revocatoria de la licencia, según lo establecido en la normativa vigente.
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El presidente también apuntó a la responsabilidad de los directivos de la entidad. “Deben responder por qué permitieron el desfalco”, dijo en referencia a miembros de la junta como Juan Carlos Pastrana y Rafael Santos, así como a la administración liderada por Jaime González. Además, denunció que existirían conexiones políticas que dificultan las investigaciones.
En paralelo, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero publicó una lista de las 22 EPS con más quejas ante la Supersalud, reforzando el argumento del Gobierno sobre la necesidad de intervenir a las entidades con peor desempeño. “Las que más quejas acumulan deben ser las primeras en revisarse”, se desprende de la información difundida en redes sociales.
Causales para revocar licencias según el Decreto 780 de 2016
El Decreto 780 de 2016 establece múltiples causales para retirar la autorización de funcionamiento a una EPS, entre ellas las fallas reiteradas en la prestación del servicio, el incumplimiento de condiciones financieras, problemas en la red de atención, el no pago a clínicas y hospitales, y prácticas que vulneren el derecho a la salud de los afiliados.
De concretarse la medida, las EPS sancionadas en Colombia no podrán seguir operando ni administrar recursos públicos. Esto implicaría el traslado masivo de usuarios a otras entidades para garantizar la continuidad de la atención médica. “La orden está dada y la Superintendencia no tiene margen para no hacer caso”, advirtió el presidente, anticipando además posibles acciones legales para frenar la decisión.
Implicaciones para el sistema de salud
El anuncio abre un nuevo capítulo en la crisis del sistema, con implicaciones directas para millones de usuarios y el futuro de las EPS en Colombia, en medio de un debate cada vez más intenso sobre la reforma a la salud y la sostenibilidad del modelo actual.
