Presidente Petro rechaza demanda contra decreto que redujo salarios de congresistas
El presidente Gustavo Petro se pronunció de manera contundente contra el trámite judicial que busca tumbar el decreto mediante el cual se redujeron los salarios de los congresistas colombianos. El mandatario calificó esta acción como un intento claro de limitar los poderes presidenciales y aprovechó para insistir en su propuesta de reforma constitucional.
La posición presidencial frente a la demanda
"Increíble tratar de quitar la competencia del Presidente de derogar decretos de anteriores presidentes", expresó Petro a través de sus redes sociales. El jefe de Estado vinculó directamente este caso con la necesidad de una asamblea nacional constituyente, argumentando que "es por esta intención de no querer auto reformar instituciones en las que se necesita una asamblea nacional constituyente".
En su intervención, Petro fue categórico al afirmar que "el sueldo de los congresistas debe bajar", reafirmando así su postura sobre la reducción salarial que ha generado controversia en diferentes sectores políticos y judiciales del país.
Detalles del decreto y las demandas judiciales
El decreto 0030 del 19 de enero de 2026, emitido por el gobierno de Petro, derogó la prima especial de servicios de los congresistas, lo que representó una reducción de aproximadamente 16 millones de pesos mensuales en sus ingresos. Actualmente, el salario de los parlamentarios se ubica alrededor de los 52 millones de pesos mensuales.
El Consejo de Estado tramita al menos cinco demandas contra esta medida gubernamental, la mayoría interpuestas por sindicatos de trabajadores. Estas acciones judiciales argumentan principalmente:
- Violación de derechos adquiridos y garantías laborales
- Efecto cascada que afecta a otros funcionarios públicos
- Debilitamiento de condiciones laborales de servidores del Estado
Impacto más allá del Congreso
Lo que inicialmente parecía una medida focalizada en los congresistas ha demostrado tener repercusiones más amplias. El decreto afectó directamente los salarios de numerosos funcionarios públicos cuyas remuneraciones están indexadas a la misma base, incluyendo:
- Magistrados y jueces de diferentes instancias
- Profesionales de despacho
- Procuradores
- Funcionarios de la Rama Judicial
Pedro Alirio Sandoval, procurador judicial del Sindicato Procurar, explicó a este medio que "bajo el sofismo de reducir el salario de los congresistas se está generando un efecto cascada, un dominó, un efecto espejo que termina por desmejorar las condiciones salariales y prestacionales de cientos de servidores públicos".
Contexto político y críticas
El decreto se emitió casi simultáneamente con el aumento del 23% en el salario mínimo, el incremento más alto en la historia del país. Esta coincidencia temporal, en vísperas de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, llevó a varios sectores políticos a calificar la medida como "populista".
Aunque el gobierno justificó la reducción como una forma de aliviar la crisis fiscal que llevó a declarar la emergencia económica, los críticos señalan que existen intentos legislativos previos para reducir los salarios parlamentarios que no prosperaron. La medida de Petro, sin embargo, logró implementarse de manera inmediata mediante decreto presidencial.
Preocupaciones sobre nivelación salarial judicial
Los sindicatos han manifestado especial preocupación por el impacto en los jueces de menor jerarquía, quienes durante décadas han buscado una nivelación salarial que acerque sus ingresos a los de los magistrados. Según los demandantes, el decreto representa "una estocada mortal a esa aspiración de los jueces de menor jerarquía de lograr esa nivelación".
Sandoval agregó que "en últimas, lo que hace el decreto es que, bajo el sofismo de reducir el salario de los congresistas, termina afectando a cientos de miles de trabajadores del Estado", cuestionando así el enfoque de las políticas de austeridad gubernamentales.
El caso continúa su trámite en el Consejo de Estado mientras se mantiene el debate sobre los límites del poder presidencial y los efectos de las medidas económicas del gobierno en los diferentes niveles de la administración pública colombiana.
