La crisis entre Petro y Camargo: Un divorcio político que sacude al gobierno
Las tensiones entre la Casa de Nariño y la Fiscalía General de la Nación han escalado a niveles sin precedentes, revelando una profunda fractura entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal general Luz Adriana Camargo, precisamente la funcionaria que él mismo propuso para reemplazar a su antiguo contradictor, Francisco Barbosa.
Las decisiones que encendieron la mecha
La Fiscalía bajo el mando de Camargo ha tomado decisiones que han impactado directamente al círculo más cercano del presidente, generando una reacción de evidente incomodidad en el mandatario. En menos de 48 horas, dos anuncios judiciales retumbaron en los pasillos del palacio presidencial:
Primero, la imputación de cargos contra Juliana Guerrero, la joven activista que se convirtió en una figura protegida por el presidente Petro. Guerrero deberá responder el próximo 27 de febrero por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, relacionados con la obtención irregular de su título profesional en la Fundación Universitaria San José.
Segundo, la Fiscalía llamó a imputación de cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por dos investigaciones separadas: la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022 (donde Roa fue gerente) y la polémica compra y adecuación de su apartamento en el norte de Bogotá.
La defensa presidencial y las contradicciones
Petro ha salido en defensa de ambos imputados, mostrando una postura que contrasta con su discurso anticorrupción. En el caso de Roa, la defensa es particularmente delicada, pues aceptar responsabilidades implicaría reconocer que su campaña se financió con dineros no permitidos por la ley.
Las investigaciones también han tocado a exministros clave del gobierno petrista. La Fiscalía solicitó orden de captura contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La reacción de Petro y las acusaciones cruzadas
El presidente no ha guardado silencio frente a estas actuaciones judiciales. A través de sus redes sociales, Petro ha insinuado una supuesta relación entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y Germán Marroquín, esposo de la fiscal Camargo, acusación que ha sido desmentida tanto por la Fiscalía como por el propio De la Espriella.
"De la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales... Para ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la Represa de Urrá", escribió Petro en su cuenta oficial de X, en una clara referencia a Camargo y De la Espriella.
La confesión reveladora
En un momento particularmente significativo, tras publicar una fotografía en la extinta cárcel de Gorgona, Petro confesó: "Soy víctima de mi propio invento: buscar una fiscal que fuera independiente a la justicia, pero partí del principio de no conocer personalmente las integrantes de la terna".
Esta declaración resume la paradoja actual: un presidente que buscó una fiscal independiente, pero que ahora enfrenta las consecuencias de esa independencia cuando las investigaciones tocan a su propio gobierno.
El silencio de Camargo y los movimientos políticos
Mientras la fiscal general mantiene un perfil bajo, en el Centro Democrático se especula que Camargo podría anunciar próximamente una decisión contra el expresidente Álvaro Uribe, en lo que sería un intento por "nivelar las cargas" y demostrar imparcialidad.
El movimiento Colombia Humana, fundado por Petro, ha presentado una denuncia anónima solicitando investigación sobre "presuntas alianzas entre altas esferas de la Fiscalía y el abogado Abelardo de la Espriella", intensificando la guerra política.
Las implicaciones institucionales
Esta crisis pone en evidencia las tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial en Colombia, con un presidente que ha sido criticado por no respetar la separación de poderes y una fiscal que, pese a haber sido propuesta por el mandatario, está actuando con autonomía.
La situación plantea preguntas fundamentales sobre la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y los límites del poder presidencial en un sistema democrático que busca equilibrio entre sus diferentes ramas.
