Polémica en Cali por borrado de mural de Iván Cepeda ordenado por candidato del Centro Democrático
Un incidente político ha generado controversia en el Valle del Cauca después de que Jaime Arizabaleta, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático, hiciera un llamado público para eliminar lo que calificó como publicidad ilegal del aspirante presidencial Iván Cepeda en la ciudad de Cali.
El video que desató la polémica
El episodio comenzó con un video difundido en redes sociales donde Arizabaleta cuestionaba la presencia de un mural político en Candelaria, municipio del área metropolitana de Cali, y anunciaba que sería borrado. En sus declaraciones, el candidato argumentó que este tipo de intervenciones no contaban con permisos municipales y constituían una ocupación indebida del espacio público.
"Caleños: Esta mañana borramos todos los murales ilegales de Iván Cepeda en Cali. Si en su municipio hay más, mándenos la ubicación. Vamos a borrarlos", escribió Arizabaleta en su cuenta de X (antes Twitter).
La reacción en redes y la confirmación
Posteriormente, otro candidato del Centro Democrático, Josías Fiesco, publicó un video donde se observaba el mural ya borrado, respaldando la acción y tildando de ilegal ese tipo de publicidad política. La situación rápidamente generó reacciones encontradas entre distintos sectores políticos y sociales de la región.
Defensa comunitaria del mural
Voceros comunitarios y representantes de organizaciones locales salieron en defensa del mural borrado, indicando que correspondía a una expresión artística impulsada por jóvenes del territorio. Criticaron la actuación del candidato y su equipo, considerando que vulneraba el respeto al trabajo colectivo y a las manifestaciones culturales de la comunidad.
¿Qué dice la normativa colombiana?
Según la legislación vigente en Colombia:
- La propaganda política corresponde a toda forma de publicidad destinada a promover el voto por candidatos o partidos
- Su difusión en espacios públicos solo está permitida dentro de los periodos autorizados antes de las elecciones
- El uso del espacio público requiere permisos de autoridades locales y cumplimiento de regulaciones sobre publicidad exterior visual
- En caso de incumplimiento, corresponde exclusivamente a entidades competentes ordenar el retiro del material, no a particulares
Posición de las autoridades locales
Frente al aumento de piezas de campaña visibles en distintos puntos de Cali, la administración municipal anunció un refuerzo en las acciones de vigilancia sobre la instalación de publicidad política. La Secretaría de Seguridad de Cali, citada por Blu Radio, explicó que la normativa solo permite la difusión de propaganda con permiso previo, como ocurre con las vallas autorizadas.
La colocación de avisos en infraestructura pública —incluyendo postes, puentes o superficies no habilitadas— carece de respaldo legal, por lo que las autoridades pueden ordenar su retiro. Sin embargo, enfatizaron que esta facultad corresponde únicamente a los organismos competentes, no a ciudadanos particulares o candidatos.
Presencia de material proselitista en Cali
Reportes indican presencia de material proselitista en varios corredores de la ciudad, incluyendo:
- La avenida Pasoancho
- La autopista Suroriental
- Sectores del centro de Cali
Esta situación ha motivado un llamado institucional al cumplimiento estricto de las reglas establecidas para campañas políticas. El Consejo Nacional Electoral, como organismo de vigilancia, supervisa aspectos relacionados con campañas y financiación política, incluyendo el uso adecuado del espacio público para propaganda electoral.
Repercusiones políticas
El incidente ha puesto en evidencia las tensiones entre diferentes visiones sobre el uso del espacio público durante períodos electorales, así como los límites de la acción ciudadana frente a lo que algunos consideran infracciones a la normativa. Mientras algunos aplauden la iniciativa de Arizabaleta como un acto de defensa del ordenamiento urbano, otros lo critican como una acción arbitraria que sobrepasa sus facultades como candidato.
La polémica continúa generando debate sobre los mecanismos adecuados para garantizar que las campañas políticas respeten tanto la legalidad como las expresiones comunitarias en el espacio público colombiano.
