Isabel Zuleta defiende su papel en el Tarimazo de La Alpujarra en Medellín
Isabel Zuleta defiende su rol en el Tarimazo de La Alpujarra

Isabel Zuleta defiende su actuación en las protestas del Tarimazo en Medellín

La reconocida defensora de derechos humanos Isabel Zuleta ha salido al paso para justificar su participación en el polémico Tarimazo ocurrido en el sector de La Alpujarra, en Medellín. En declaraciones recientes, Zuleta argumentó que su rol durante las manifestaciones se enfocó exclusivamente en la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos que se movilizaban.

Contexto de las protestas en La Alpujarra

El Tarimazo, como se conoce popularmente a este evento, fue una serie de protestas que generaron controversia por los bloqueos y enfrentamientos registrados en la zona. Según Zuleta, su intervención se basó en principios de acompañamiento humanitario, asegurando que no hubo incitación a la violencia, sino un esfuerzo por mediar y prevenir abusos.

La defensora explicó que, en medio de la tensión, su labor incluyó:

  • Monitorear el respeto a los derechos civiles de los manifestantes.
  • Facilitar diálogos para reducir la escalada del conflicto.
  • Documentar posibles irregularidades en el manejo de la protesta por parte de las autoridades.

Respuesta a las críticas y repercusiones

Frente a las acusaciones de que su presencia pudo haber exacerbado la situación, Zuleta sostuvo que su trabajo es legítimo y necesario en contextos de movilización social. Subrayó que, como activista, su compromiso es con la paz y la justicia, y que cualquier sugerencia de lo contrario carece de fundamento.

Este caso ha reavivado el debate sobre el papel de los defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente en regiones como Antioquia, donde las protestas suelen ser intensas. Expertos señalan que incidentes como el Tarimazo ponen a prueba los límites entre la protesta pacífica y el orden público, un tema recurrente en el país.

Zuleta concluyó haciendo un llamado a la reflexión colectiva, insistiendo en que la defensa de los derechos no debe criminalizarse, sino entenderse como un pilar esencial en una sociedad democrática. Las autoridades, por su parte, continúan investigando los hechos para determinar responsabilidades.