Trump defiende proyecto de salón de baile en medio de tormenta legal por financiación
El presidente Donald Trump ha generado una intensa polémica al promover la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto valorado en 400 millones de dólares que enfrenta serios cuestionamientos sobre la legalidad de su financiamiento. A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario compartió dos imágenes de las obras en progreso, destacando que se ejecutan "dentro del presupuesto y antes de lo previsto".
El proyecto que divide a Washington
La administración Trump insiste en que esta modernización de la residencia presidencial no costará "un solo dólar al contribuyente", argumentando que el financiamiento proviene completamente de donaciones privadas canalizadas a través de una organización sin fines de lucro. Sin embargo, este esquema financiero ha desatado una tormenta legal que llegó hasta los tribunales federales en febrero de 2026.
El juez federal Richard Leon ha expresado un profundo escepticismo durante las audiencias, cuestionando si este mecanismo busca eludir la supervisión legislativa requerida para modificaciones en un edificio federal de alto valor histórico y político. "Una vez terminado, será el mejor salón de baile jamás construido en el mundo, uno que los presidentes han anhelado durante más de 150 años", afirmó Trump en sus publicaciones.
Críticas desde el Capitolio y preocupaciones patrimoniales
La senadora Elizabeth Warren ha sido una de las voces más críticas, advirtiendo que este modelo de financiamiento podría convertirse en un "vehículo de corrupción" al permitir acuerdos opacos y posibles conflictos de interés. La organización recaudadora no ha revelado públicamente la identidad completa de sus donantes, aumentando las sospechas sobre favores políticos encubiertos.
Organizaciones de preservación histórica y legisladores demócratas argumentan que el proyecto requiere:
- Autorización expresa del Congreso estadounidense
- Revisiones ambientales exhaustivas
- Evaluaciones patrimoniales que protejan el valor histórico del edificio
Según estos grupos, ninguna de estas salvaguardas se ha cumplido adecuadamente.
Obra continúa bajo vigilancia judicial
A pesar de la controversia, el juez Leon permitió que las obras continúen de manera provisional mientras se desarrolla el litigio, una decisión interpretada como cautelosa más que como respaldo al proyecto. El magistrado dejó claro que su fallo final podría imponer restricciones mayores o incluso ordenar la paralización definitiva si se comprueba irregularidades en la obtención de fondos.
El proyecto contempla la demolición parcial del Ala Este para construir un salón de gran escala destinado a eventos oficiales, recepciones y ceremonias de investidura presidencial. La administración sostiene que la remodelación es necesaria por problemas estructurales y de seguridad, prometiendo que las "características estructurales y de seguridad sin precedentes" permitirán su uso para futuras inauguraciones.
Mientras los tribunales deciden el futuro legal del proyecto, la obra avanza bajo el escrutinio de medios, opositores políticos y organizaciones de control, convirtiendo este salón de baile en un símbolo de las tensiones entre el poder ejecutivo y los mecanismos de supervisión democrática.
