Informe periodístico sobre alias Calarcá desata oleada de reacciones políticas en Colombia
La publicación de un reportaje investigativo por parte de Noticias Caracol, el cual revela la existencia de presuntos archivos secretos del cabecilla guerrillero conocido como alias Calarcá, ha generado un intenso debate político en el país. Según el informe, estos documentos evidenciarían contactos entre este líder de las disidencias de las FARC y diversos integrantes del Estado colombiano, incluyendo funcionarios de alto nivel.
Exigencias de transparencia y respuestas inmediatas
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue una de las primeras en reaccionar, solicitando explicaciones formales tanto al presidente Gustavo Petro como a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. En declaraciones públicas, Cabal cuestionó abiertamente la posible financiación de la campaña presidencial de Petro por parte de grupos al margen de la ley.
Por su parte, el candidato presidencial y director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, calificó la situación como un "quiebre de seguridad sin precedentes" y criticó duramente la política de "Paz Total" impulsada por el gobierno actual. Galán aseguró que, de confirmarse los hechos, se estaría frente a una infiltración grave del Estado y un abandono de los principios de seguridad nacional.
Acusaciones de alianzas criminales y llamados a la acción
El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien se desempeñó como ministro de Hacienda en administraciones anteriores, catalogó el informe como "muy grave" y afirmó que confirmaría supuestas alianzas entre el Gobierno nacional y estructuras armadas ilegales. Cárdenas exigió la implementación de una política de seguridad "seria y moderna", argumentando que Colombia no puede continuar viviendo engañada.
En el Senado de la República, el vicepresidente de la Comisión Primera, Carlos Fernando Motoa, también se pronunció, exigiendo respuestas claras y contundentes por parte del Ejecutivo. Motoa planteó interrogantes sobre la posible influencia de grupos criminales en los resultados electorales de 2022, instando a la vicepresidenta Francia Márquez y al presidente Petro a ofrecer transparencia total sobre estos asuntos.
Preocupaciones por la seguridad nacional y solicitudes de investigaciones independientes
El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo manifestó que lo revelado por el medio de comunicación constituye una amenaza directa a la seguridad nacional. Oviedo abogó por la realización de una investigación independiente y técnica, incluso con apoyo internacional si fuera necesario, para esclarecer todos los aspectos del caso.
Mientras tanto, el senador Jota Pe Hernández calificó la investigación de "muy grave" y sugirió que tanto el presidente Petro como la vicepresidenta Márquez y la fiscal Camargo deberían ser investigados por la justicia de Estados Unidos, debido a las posibles implicaciones internacionales de los hechos denunciados.
Críticas desde diversos sectores políticos y demandas de responsabilidad
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó duras críticas, afirmando que "Petro le entregó el país a los criminales" y denunciando un aparente régimen de impunidad que, según él, impera en las altas esferas del poder. De manera similar, el precandidato y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón aseguró que el terrorismo y la criminalidad han manchado el honor de las Fuerzas Armadas, responsabilizando directamente al presidente por esta situación.
Desde la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez declaró que Colombia está siendo gobernada por una estructura criminal, relatando experiencias personales de amenazas durante su propia campaña presidencial. Por otro lado, el aspirante presidencial Sergio Fajardo describió el caso como de extrema gravedad, enfatizando que ningún intento de desviar la atención podrá ocultar el daño causado a los sistemas de inteligencia del país.
Dudas sobre la gravedad y llamados a la Dirección Nacional de Inteligencia
El presidente del Congreso, Lidio García, expresó ciertas dudas sobre la magnitud real de las acusaciones, aunque reconoció que, de ser ciertas, representarían uno de los acontecimientos de mayor impacto para la seguridad nacional en años recientes. Finalmente, el precandidato Felipe Córdoba pidió explicaciones formales a la Dirección Nacional de Inteligencia y al presidente Petro, señalando que, según el informe, se habría frenado deliberadamente la inteligencia militar en beneficio de intereses oscuros.
Este conjunto de reacciones políticas evidencia la profunda preocupación que ha generado el informe de Noticias Caracol, colocando en el centro del debate público temas cruciales como la transparencia gubernamental, la integridad de las instituciones y la seguridad nacional de Colombia.
