Presidencia defiende contratos millonarios con amiga de Verónica Alcocer
Presidencia defiende contratos con amiga de Verónica Alcocer

Presidencia defiende millonarios contratos con amiga de Verónica Alcocer

La Presidencia de la República confirmó este martes la adjudicación de contratos por valor de miles de millones de pesos a una amiga cercana de la primera dama, Verónica Alcocer. En un comunicado oficial, la Casa de Nariño defendió la gestión de estos procesos, asegurando que se realizaron bajo estrictos parámetros de transparencia y legalidad.

Detalles de los contratos

Según la información revelada, los contratos fueron otorgados a una empresa vinculada a una amiga personal de la primera dama. Los montos involucrados superan los mil millones de pesos, destinados a servicios de consultoría y asesoría en proyectos gubernamentales. La Presidencia argumentó que la selección se basó en criterios técnicos y de experiencia, sin influencia de relaciones personales.

En su defensa, el gobierno nacional destacó que todos los procedimientos cumplieron con la normativa vigente en materia de contratación pública. "Cada paso fue auditado y validado por las entidades competentes", afirmó un portavoz presidencial, quien añadió que la empresa en cuestión cuenta con un historial probado en el sector.

Reacciones y contexto

La noticia ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores cuestionan la aparente cercanía entre la contratista y la primera dama, otros respaldan la postura oficial, enfatizando la importancia de evaluar los resultados sobre las percepciones.

Este caso se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre la contratación estatal en Colombia, donde frecuentemente surgen debates sobre posibles conflictos de interés. La Presidencia insistió en que su gestión prioriza la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.

Finalmente, se espera que las autoridades competentes realicen revisiones adicionales para garantizar que no existan irregularidades, aunque la administración actual mantiene su posición de que todo se ejecutó conforme a la ley.