Procuraduría solicita rechazar demanda de pérdida de investidura contra senadora Isabel Zuleta
La Procuraduría General de la Nación pidió formalmente al Consejo de Estado rechazar la demanda de pérdida de investidura presentada contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, relacionada con su participación en el denominado 'tarimazo' ocurrido en Medellín.
El controvertido evento en La Alpujarra
El caso se centra en el evento realizado en La Alpujarra, Medellín, donde estuvieron presentes varios capos del hampa paisa que habían salido temporalmente de la cárcel de Itagüí. Según la demanda, estos individuos buscaban un cupo en los procesos de 'paz total' impulsados por el gobierno nacional.
La audiencia ante el Consejo de Estado inició a las 2:30 de la tarde de este lunes, con la intervención del abogado demandante William Francisco Quintero Villareal, quien sostuvo que la senadora Zuleta abusó de su condición de congresista para ordenar el traslado de los reclusos.
Argumentos de la defensa y la Procuraduría
Tras una intervención de diez minutos del abogado Quintero, el magistrado Germán Eduardo Osorio concedió la palabra al procurador delegado Carlos José Holguín Molina, quien presentó argumentos contundentes para negar la solicitud de pérdida de investidura.
"Para que proceda la pérdida de investidura deben cumplirse dos requisitos esenciales", explicó el procurador Holguín. "Primero, que se invoque la condición de parlamentaria ejerciendo influencia psíquica sobre el funcionario, y segundo, que se reciba, haga dar o prometa una dádiva a un tercero. Ninguno de estos requisitos se cumple en el presente caso".
El representante del Ministerio Público añadió que, aunque se hace referencia a una extralimitación de funciones por parte de la congresista, no se indican específicamente las normas legales transgredidas en la gestión realizada por la senadora demandada.
La posición de la senadora Zuleta
Por su parte, la senadora Isabel Cristina Zuleta defendió su actuación durante el evento de Medellín, argumentando que "no es cierto que la única manera de desplazar un privado de la libertad a otro sitio sea con autorización judicial".
La congresista explicó que el objetivo del evento era exponer públicamente los avances y dificultades en el proceso de paz, siguiendo la solicitud del presidente Gustavo Petro. "Yo no presioné de manera indebida, hice una solicitud escrita", afirmó Zuleta durante su intervención.
Contexto legal e investigaciones paralelas
El abogado Quintero cuestionó durante la audiencia que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no compartiera la orden del 19 de junio de 2025, alegando reserva legal. Según su argumentación, este documento sería relevante para demostrar que la senadora no estaba facultada para realizar dicha gestión.
"Solo un juez de la República es competente para autorizar estos traslados", aseveró Quintero. "Es indiscutible un abuso de funciones como legisladora que conlleva el abuso del poder Legislativo al Ejecutivo, donde debe permanecer la independencia de poderes".
Vale la pena mencionar que este caso se encuentra bajo investigación simultánea de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General y la Fiscalía General de la Nación, lo que añade complejidad al proceso administrativo ante el Consejo de Estado.
Marco normativo del 'tarimazo'
El evento que originó la controversia se enmarca en la Resolución 138 del 29 de mayo de 2023, expedida por el Gobierno Nacional como parte de la política de 'paz total'. Este instrumento jurídico tenía como propósito instalar espacios de conversación sociojurídica con estructuras armadas de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.
Los diálogos iniciales se llevaron a cabo dentro de la cárcel de Itagüí, pero la polémica surgió cuando algunos participantes fueron trasladados al acto público en La Alpujarra, generando cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y el posible abuso de autoridad por parte de la senadora Zuleta como coordinadora de la mesa de diálogo.
