No es la primera vez que el presidente Petro afirma que "el Presidente es el que ordena". Tampoco es la primera ocasión en que acusa a los jueces o a organismos independientes, como el Banco de la República, de cometer delitos cuando revocan o ignoran alguna de sus decisiones. Mucho menos es la primera vez que exige obediencia a ministros, alcaldes, gobernadores y otros poderes del Estado. Sin embargo, no se trata de una conspiración contra el mandatario. Con algunas excepciones, estas decisiones obedecen a las reglas de juego que rigen los sistemas de pesos y contrapesos propios de una democracia.
El problema de la complacencia
El problema radica en la excesiva complacencia con la que se ha manejado el poder presidencial y el facilismo con el que se han expedido reformas para viabilizar sus principales políticas, tanto en este como en gobiernos anteriores. Estas medidas, que inicialmente se promovían como mecanismos para facilitar decisiones en los procesos de paz o para posibilitar reformas sectoriales, terminaron siendo escotillas por donde se filtraron intereses particulares, sistemas de favores y beneficios puntuales que alteraron el propósito inicial.
Instituciones informales
Por este camino, Colombia se ha convertido en un país regido por instituciones informales. La secuencia ininterrumpida de reformas y ajustes jurídicos e institucionales ha hecho que el ejercicio de gobierno termine amarrado por tres factores que condicionan la acción de gobernantes y gobernados:
- La coexistencia de instituciones fuertes con otras frágiles técnicamente, sin memoria institucional ni procesos administrativos consolidados, y con altos niveles de rotación en sus niveles medio y superior.
- Las relaciones de poder cada vez más regidas por la confrontación de poderes y la usurpación de competencias entre las ramas del poder público y en el interior de cada una de ellas.
- La multiplicidad de centros de poder que disputan a los gobiernos las tareas esenciales en el control del orden público y la asignación de recursos presupuestales.
La realidad del poder presidencial
Esta es la realidad del poder presidencial, que reduce la tarea del presidente a administrar una multiplicidad de poderes e intereses indóciles que se resisten incluso a hablarse entre sí. En este cuatrienio, la sucesión de escándalos de corrupción y denuncias de abuso de poder en los más altos niveles de la administración pública no ha sido más que la constatación de que la erosión institucional se ha profundizado.
La sustitución de tecnócratas por activistas en los altos niveles de los ministerios y departamentos administrativos ha hecho que las reglas de juego terminen sometidas al arbitrio de intereses privados y particularismos. Cada quien busca su propio beneficio, al costo que sea, transformando el aparato de gobierno en un campo de disputa centímetro a centímetro por colonizar un segmento de la administración pública que garantice una renta cuantiosa y permanente.
Degradación acelerada
La primacía de los activistas ha acelerado tanto la degradación que las interacciones políticas aparecen hoy regidas por la superposición de los intereses privados sobre los públicos, los pactos informales sobre los formales y los derechos por encima de los deberes. La confrontación es tan intensa que la unidad de poder político estalla en tantos pedazos como intereses particulares se hayan incrustado en el aparato público. La unidad de acción institucional se fragmenta de tal manera que cada unidad, organismo o instancia logra controlar su pequeño feudo, imponiendo sus propias reglas de juego, pero resulta incapaz de lograr algo más allá.
En este contexto, nadie está dispuesto a moverse o a hacer un mínimo sacrificio para alcanzar un resultado. Todos parecen vivir en un delicado equilibrio, donde cada quien está atento para no perderse el hundimiento.
