RTVC sale al paso y defiende contratos millonarios para servicios de imagen de Verónica Alcocer
La Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) ha emitido un comunicado oficial defendiendo los contratos por un valor total de 23.000 millones de pesos adjudicados para servicios de fotografía y maquillaje destinados a la primera dama, Verónica Alcocer. La entidad pública argumenta que estos gastos son estrictamente necesarios para el desarrollo de la agenda oficial de la esposa del presidente Gustavo Petro.
Justificación de los gastos y cumplimiento normativo
Según RTVC, los contratos fueron asignados mediante procesos de selección que cumplen con toda la normativa legal vigente en materia de contratación pública. La entidad enfatiza que los servicios contratados incluyen:
- Coordinación y ejecución de sesiones fotográficas para eventos oficiales.
- Servicios de maquillaje profesional para apariciones públicas y actos protocolarios.
- Producción de material audiovisual para difusión institucional.
Además, RTVC sostiene que estos recursos están plenamente justificados dado el alto perfil público de la primera dama y la necesidad de mantener una imagen adecuada en representación del Estado colombiano. La entidad insiste en que todos los procedimientos fueron transparentes y sujetos a los controles establecidos por la ley.
Reacciones y contexto del escándalo
La revelación de estos contratos ha generado un amplio debate público sobre el uso de los recursos del Estado. Críticos señalan que los montos involucrados son excesivamente elevados en comparación con estándares internacionales y necesidades prioritarias del país. Sin embargo, defensores de la gestión argumentan que la imagen de la primera dama es un activo importante para la diplomacia y la proyección internacional de Colombia.
RTVC ha asegurado que continuará proporcionando estos servicios mientras sean requeridos para las actividades oficiales, manteniendo siempre los principios de eficiencia y transparencia en el manejo de los fondos públicos. La entidad concluye que estos contratos no representan ningún desvío de recursos, sino una inversión legítima en la imagen institucional del gobierno nacional.
