El regreso de Tarek William Saab a la Defensoría del Pueblo: una maniobra del chavismo para mantener el control judicial
La salida de Tarek William Saab como fiscal general de Venezuela y su posterior designación como defensor del Pueblo encargado representa el último movimiento en una serie de reconfiguraciones políticas impulsadas por Delcy Rodríguez dentro del chavismo. Este enroque institucional, lejos de ser un simple relevo, apunta a una reorganización estratégica de las estructuras del oficialismo que mantiene intacto el control sobre los órganos judiciales.
Un historial controvertido que genera alertas internacionales
Tarek William Saab llegó a la Fiscalía General en 2017 designado por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano considerado ilegítimo por la oposición venezolana. Durante casi una década al frente de esta institución, enfrentó señalamientos constantes de organismos internacionales, grupos opositores y exiliados, quienes lo acusaron de ser uno de los principales operadores de la represión judicial contra disidentes y presos políticos.
Aunque el propio Saab calificó su gestión como "honorable" en una carta remitida a la Asamblea Nacional, su rápido traslado a otro cargo crucial del Estado evidencia un reacomodo de lealtades dentro del chavismo. Este movimiento no solo revela las distintas facciones que emergen dentro del gobierno, sino que también plantea serias dudas sobre la posibilidad de una justicia independiente en Venezuela.
La designación de Larry Devoe y el rediseño del aparato estatal
En reemplazo de Saab, fue designado de manera provisional el abogado Larry Devoe, mientras que Alfredo Ruíz, hasta ahora defensor del pueblo, salió definitivamente de la estructura alegando motivos personales, familiares y de salud. Este reacomodo se extiende a todo el aparato estatal con un patrón claro: desplazar o reubicar a figuras del antiguo círculo de poder de Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez también ha ejecutado cambios significativos en otros ministerios y organismos. En el Ministerio de Turismo, la cubana Leticia Gómez fue reemplazada por Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello. Simultáneamente, Camilla Fabri, esposa de Alex Saab -el señalado testaferro del régimen encarcelado en El Helicoide- fue removida del viceministerio para Comunicación.
El rediseño alcanzó incluso el núcleo de seguridad presidencial. Rodríguez removió al jefe de seguridad, el mayor general Javier Marcano Tábata, y reinstaló a figuras como Gustavo González López, ex ministro del Interior y Justicia, quien fue acusado en 2015 por Washington de violación de derechos humanos cuando presidía el Sebin.
Analistas advierten sobre un peligroso retroceso para los derechos humanos
Para el abogado y activista Alí Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, la llegada de Saab a la Defensoría del Pueblo -cargo que ya ocupó en 2014- carece de una explicación coherente y plantea serias dudas sobre la lógica de las decisiones dentro del nuevo aparato estatal chavista.
"Si hay razones para que no siga siendo fiscal, esas mismas razones deberían servir para que tampoco sea defensor", señaló Daniels, calificando la situación de "ilógica". El activista recordó que la gestión anterior de Saab en la Defensoría ya fue reprobada internacionalmente cuando, en 2016, la institución fue degradada a la categoría B por la ONU al confirmarse que no cumplía con sus deberes de protección.
Diez años después, su regreso como "defensor encargado" es visto como una "pésima noticia" que revive cuestionamientos fundamentales sobre la independencia de esa institución. El movimiento implica, además, que quien dirigió el órgano encargado de investigar abusos ahora pase a encabezar la institución que debe supervisarlos.
Las víctimas cuestionan la designación y temen por su seguridad
"¿El que nos acusó ahora nos va a defender?", escribió en su cuenta de X la activista del partido Vente Venezuela, María Oropeza. Su caso ilustra las preocupaciones generalizadas. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Oropeza había denunciado la persecución y las amenazas contra ciudadanos en el estado Portuguesa, atribuidas a colectivos armados afines al chavismo.
Días después, el 6 de agosto, transmitió en vivo su detención cuando presuntos agentes irrumpieron en su vivienda, tumbaron la puerta y se la llevaron por la fuerza. Posteriormente, fue imputada por la Fiscalía que dirigía Saab por los delitos de terrorismo e incitación al odio. Hoy, es él quien deberá velar teóricamente por sus derechos.
Críticas desde diversos sectores políticos
Las críticas a la nueva designación de Saab se extienden incluso entre sectores menos confrontativos. El opositor Enrique Márquez, quien ha cobrado relevancia tras aparecer como invitado especial en el discurso del Estado de la Unión pronunciado por Donald Trump, expresó su preocupación públicamente.
"Vemos con sorpresa cómo renuncia el fiscal (...) quien terminó siendo una de las personas más rechazadas del país. (...) Si ese fiscal nos negó los derechos, no puede estar ahí (como defensor encargado)", dijo Márquez en una conferencia de prensa en Caracas tras su paso por Washington, donde aseguró haberse reunido con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
Preocupaciones sobre la independencia de la nueva Fiscalía
A las víctimas no solo les incomoda la presencia de Saab en la Defensoría, sino que cuestionan profundamente la llegada de Larry Devoe a la Fiscalía. El jurista, con trayectoria dentro del aparato estatal y cercano al chavismo, fue quien hasta hace poco representó al país en escenarios internacionales defendiendo la posición oficial frente a las denuncias por violaciones de derechos humanos.
Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, enfatiza que la conducción del Ministerio Público exige una "imparcialidad incuestionable". Según la experta, esta superposición de roles no solo afecta la objetividad real, sino también la "apariencia de imparcialidad", un elemento esencial para cualquier proceso de rendición de cuentas.
Reacción internacional y llamado a la intervención
El descontento trasciende las fronteras venezolanas. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) rechazó contundentemente la designación temporal de Saab como defensor del pueblo, al considerarla una burla a las víctimas, y urgió a Estados Unidos a intervenir.
Con sede en Miami, el grupo pidió "vetar a operadores del régimen en instituciones de derechos humanos" al considerar que la designación forma parte de una estrategia para mantener el control sobre organismos que deberían actuar como contrapesos democráticos. "Hacemos un llamado urgente a los Estados Unidos (...) a que exijan de manera firme y pública la inmediata revisión de esta designación", señaló el grupo en un comunicado oficial.
Un panorama judicial incierto pese a la Ley de Amnistía
Tras la designación de Devoe y Saab como funcionarios encargados del Poder Ciudadano -uno de los cinco poderes que componen el Poder Público Nacional-, justo luego de la aprobación de la Ley de Amnistía que, según la ONG Foro Penal, ha dado libertad a 109 personas, no queda claro cuál será el camino de justicia en Venezuela.
Todo apunta a que mientras se anuncian gestos de apertura y se firman leyes de amnistía, el control institucional que apalancó por años la represión política permanece esencialmente intacto. Pese a la liberación de algunos presos políticos, organizaciones de derechos humanos reportan que aún permanecen encarceladas 568 personas por motivos políticos en el país.
La pregunta que resuena en los círculos políticos y de derechos humanos es clara: ¿existirá realmente margen para una Fiscalía independiente en Venezuela cuando quienes deben investigar los crímenes del pasado son los mismos que hasta hace poco defendían la actuación del Estado frente a las denuncias internacionales?
