La salud convertida en instrumento electoral: una estrategia de alto riesgo
Los pronósticos electorales anticipan malas noticias para el Pacto Histórico, cuya candidatura presidencial de Iván Cepeda parece haber alcanzado un techo insuperable. Esta situación ha generado creciente desesperación en el presidente Gustavo Petro, quien ve su legado político en peligro si no logra asegurar la continuidad a través de un sucesor leal.
El pánico electoral y sus consecuencias institucionales
El temor ante un posible fracaso electoral podría llevar al mandatario incluso a desconocer el veredicto de las urnas. Sus recientes declaraciones al diario español El País resultaron particularmente inquietantes, al sugerir que respetaría el resultado "pero no el fraude" y afirmar que existe "trampa avanzando" en el proceso electoral. Estas palabras constituyen una advertencia velada: si las urnas no favorecen a su candidato, estaría preparando el escenario para desafiar la institucionalidad electoral colombiana.
Lo paradójico es que estas acusaciones carecen de fundamento en la realidad institucional colombiana. En nuestro país, el escrutinio electoral no está en manos de empresas privadas, sino que se realiza municipio por municipio mediante comisiones escrutadoras integradas por jueces, claveros designados por alcaldes y delegados del registrador nacional. El poder electoral mantiene su independencia constitucional, sin que corresponda al Ejecutivo legitimar la decisión ciudadana.
La estrategia del gasto y su fracaso legislativo
Ante este panorama desfavorable, la administración petrista ha recurrido a una estrategia basada en el gasto público desmedido. Explosión de contratos de obra, subsidios indiscriminados y transferencias ilimitadas a grupos afines han caracterizado esta etapa preelectoral. Para mantener este festín de recursos, el gobierno presentó una reforma fiscal que finalmente no logró aprobación en el Congreso, siguiendo el destino de anteriores iniciativas tributarias rechazadas por el legislativo.
El sistema de salud como herramienta electoral
En este contexto de urgencia política, alguien en los altos círculos oficiales recordó el potencial electoral del sistema de salud, hoy prácticamente estatizado tras la intervención generalizada de las EPS. Se necesitaba un activista leal al proyecto de la extrema izquierda, sin escrúpulos excesivos y con antecedentes de eficacia electoral. La encarnación perfecta de este perfil resultó ser Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien llega al cargo adornado por varias investigaciones penales y sin distinguirse precisamente por su transparencia.
La Superintendencia de Salud que ahora dirigirá Quintero presenta un potencial inmenso como herramienta electorera. Entre sus funciones trascendentales se encuentran:
- Nombrar gerentes de las entidades intervenidas
- Determinar el flujo de recursos públicos hacia estas instituciones
- Aprobar sus gastos y vigilar su gestión
- Impulsar el modelo de medicina preventiva mediante equipos territoriales
Estos equipos de trabajo, que recorren los territorios haciendo pedagogía y entregando recursos, han crecido de manera exorbitante sin mayor atención a las calificaciones técnicas de sus integrantes ni objeciones a su activismo político.
Críticas internas y externas al nombramiento
La designación de Quintero ha generado rechazo en diversos sectores políticos y de opinión. Se cuestiona que no cumple con los requisitos para el cargo, que presenta múltiples impedimentos y que las investigaciones judiciales en su contra deberían descartar su nombramiento en un gobierno que presume de evitar escándalos recurrentes.
Lo más revelador son las críticas provenientes de sus propios colegas del proyecto político. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), calificó la designación como "perjudicial" y advirtió que pone en riesgo recursos públicos de los colombianos. Además, le enrostró pertenecer a una cultura "cleptocrática", ser políticamente promiscuo y posar como víctima del establecimiento pese a su riqueza personal.
Un nombramiento difícil de revertir
Resulta improbable que el nombramiento de Quintero sea revocado. Sus estratagemas y su reconocida falta de escrúpulos son demasiado valiosas para los actuales gobernantes, quienes operan bajo el principio de que en materia electoral todo vale. La salud de los colombianos se convierte así en moneda de cambio político, en un juego peligroso donde las instituciones sanitarias se ponen al servicio de intereses partidistas en lugar del bienestar ciudadano.
Esta instrumentalización del sistema de salud representa no solo una amenaza para la calidad del servicio médico, sino también para la democracia misma, al convertir una necesidad básica de la población en herramienta de manipulación electoral. El tiempo dirá si los colombianos permitirán que su derecho fundamental a la salud sea utilizado como carnada política en las próximas contiendas electorales.
