La captura de Wadith Manzur reabre el debate sobre la responsabilidad de los partidos políticos
La captura preventiva del representante y senador electo Wadith Manzur, vinculado al escándalo de corrupción en la UNGRD, ha puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué responsabilidad tienen los partidos políticos que avalan a candidatos procesados por presuntos delitos? El caso de Manzur no es aislado y evidencia un patrón recurrente en la política colombiana.
El Partido Conservador y el aval a un cuestionado
Pese a que Wadith Manzur ya estaba señalado en las investigaciones sobre el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Partido Conservador decidió otorgarle el aval jurídico para que buscara un escaño en el Senado durante las elecciones de 2026. Esta decisión, según analistas, prioriza el beneficio electoral sobre la ética pública, un fenómeno que se ha repetido en los últimos años con otros partidos tradicionales.
Los partidos suelen esgrimir el principio de presunción de inocencia para justificar estos avales. Sin embargo, la realidad muestra que las colectividades se benefician tangiblemente de los votos que obtienen estos candidatos, incluso cuando estos nunca llegan a ocupar sus curules debido a procesos judiciales.
Precedentes que marcan un patrón
La historia reciente ofrece ejemplos claros de esta práctica:
- En 2018, el Partido Conservador avaló a Aída Merlano, quien luego fue capturada y nunca ejerció su curul.
- En 2022, el Partido Liberal otorgó aval a Mario Castaño, involucrado en el escándalo de 'las marionetas'. Castaño obtuvo 68.351 votos que beneficiaron al partido en términos de umbral electoral y cifra repartidora, aunque él fue detenido antes de asumir.
El caso de Manzur es particularmente significativo por el volumen de su arrastre electoral. A pesar de las graves acusaciones en su contra, logró 134.000 votos que ayudaron al Partido Conservador a mantener una posición competitiva en un Senado donde los partidos tradicionales han visto reducida su influencia frente a nuevas colectividades.
¿Existen sanciones reales para los partidos?
La reforma política de 2009 establece claramente la responsabilidad de los partidos y movimientos políticos cuando avalan candidatos que posteriormente son condenados mediante sentencia ejecutoriada por delitos graves. Las posibles sanciones incluyen:
- Multas económicas considerables.
- Devolución de recursos públicos recibidos mediante el sistema de reposición de votos.
- Cancelación de la personería jurídica del partido.
- Prohibición de presentar candidatos en determinadas circunscripciones en elecciones futuras.
Sin embargo, estas sanciones rara vez se aplican en la práctica colombiana. El desarrollo normativo de estos mecanismos ha sido limitado, y los partidos han operado con relativa impunidad en este aspecto.
El llamado de la Misión de Observación Electoral
Precisamente durante el fin de semana posterior a la captura de Manzur, la Misión de Observación Electoral (MOE) emitió un comunicado exigiendo mayor responsabilidad a los partidos políticos. "La MOE reitera su llamado firme de atención a las organizaciones políticas respecto a su responsabilidad ética en la entrega de avales y a fortalecer sus procesos de selección de candidatos", señaló la organización en su segundo balance electoral.
Este llamado adquiere especial relevancia en un contexto donde varios candidatos cuestionados aparecieron en los tarjetones electorales, generando dudas sobre los mecanismos de control interno de los partidos.
Un problema estructural que requiere soluciones
La captura de Wadith Manzur evidencia una falla estructural en el sistema político colombiano: los incentivos electorales frecuentemente superan a las consideraciones éticas. Mientras los votos de un candidato procesado puedan significar la diferencia entre obtener o perder curules, los partidos tendrán tentaciones de priorizar el cálculo electoral sobre la integridad.
La solución requiere no solo de una aplicación más rigurosa de las sanciones ya existentes, sino también de mecanismos de control interno más fuertes dentro de los partidos y de una mayor exigencia ciudadana hacia las organizaciones políticas que deciden avalar perfiles cuestionados.
El debate sobre la responsabilidad de los partidos que avalan a procesados por corrupción está más vigente que nunca, y la resolución de este caso podría sentar un precedente importante para el futuro de la democracia colombiana.
