Testigo de fraude electoral presentada por Petro recibió contratos millonarios del Estado
Testigo de fraude electoral de Petro tuvo contratos millonarios

Testigo de presunto fraude electoral presentada por Petro sería beneficiaria de contratos millonarios

Natalí Carmona Giraldo, la mujer que fue presentada oficialmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro como testigo de presuntas irregularidades en las elecciones de 2022, habría recibido contratos estatales por más de $300 millones durante la administración actual, según denuncias formuladas por figuras políticas opositoras.

La denuncia electoral y su contexto

Durante una transmisión oficial del Gobierno Nacional, Carmona relató su experiencia en un proceso electoral de 2022, afirmando que presenció situaciones irregulares. "Logré entrar a un proceso que era para medios de comunicación. Cuando llegué hubo muchas directrices de que no podíamos decir nada ni ingresar celulares", declaró la mujer, quien además señaló que "el día del evento, en ese lugar donde había 600 personas que llenaban formularios, empezaron a llegar llamadas antes de las 4:00 p.m., una hora en donde sabemos que apenas se está terminando de votar".

Estas afirmaciones fueron inmediatamente respaldadas por el presidente Petro, quien solicitó una investigación formal por parte de las autoridades competentes sobre las posibles irregularidades denunciadas.

La contraparte: denuncias sobre contratación estatal

Horas después de la presentación oficial, Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes, reveló información que vincula a Carmona con contratos sustanciales con el Estado colombiano. "Según ella, el software no existe y que eso daría paso a un fraude electoral. Averiguamos quién es ella y encontramos que ella ha firmado contratos con el Gobierno Petro por más de $379 millones tanto en Prosperidad Social y en la Unidad de Planeación Minero Energética", denunció públicamente el político.

Briceño argumentó que estas denuncias de fraude electoral podrían tener como objetivo principal preparar el terreno para cuestionar los resultados de futuros procesos electorales, especialmente si el proyecto político del Pacto Histórico no obtiene los resultados esperados en las urnas.

Antecedentes y reacciones institucionales

El presidente Petro ha insistido en sus acusaciones sobre irregularidades electorales, mencionando incluso un fallo del Consejo de Estado del periodo 2014-2018 que devolvió curules al partido Mira. El mandatario sostiene que el Pacto Histórico habría perdido aproximadamente 400.000 votos debido a estas supuestas irregularidades.

Sin embargo, múltiples entidades estatales han respondido de manera unificada a estas acusaciones:

  • El registrador nacional
  • El procurador general
  • La contraloría general
  • La Misión de Observación Electoral (MOE)

Todas estas instituciones han manifestado que no existe evidencia concreta que respalde la existencia de un riesgo real de fraude electoral, solicitando además respeto por las instituciones y evitando lo que consideran ataques injustificados contra la honra de funcionarios y procesos.

Contexto histórico y responsabilidad presidencial

Estas no son las primeras ocasiones en que Gustavo Petro formula acusaciones de fraude electoral. Anteriormente, realizó denuncias similares en 2018 cuando perdió las elecciones presidenciales contra Iván Duque, y nuevamente en 2022, año en que finalmente resultó electo presidente.

La situación actual presenta una diferencia fundamental: Petro ahora ejerce como jefe de Estado, lo que implica la responsabilidad constitucional de garantizar que los procesos electorales se desarrollen con total normalidad y transparencia. Esta posición contrasta con su rol previo como candidato opositor, generando debates sobre el equilibrio entre el derecho a denunciar irregularidades y la obligación de velar por la estabilidad institucional.

Mientras tanto, las instituciones electorales han recordado que en 2021 cumplieron con un fallo judicial al adquirir un software de escrutinio a la empresa española Indra, y que desde el 26 de febrero de 2026, todos los partidos políticos, observadores y auditores podrán acceder al código fuente de este programa para verificar su funcionamiento.