Uribe lanza duras críticas contra Petro por aumento del salario mínimo
El expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro luego de la alocución presidencial del 15 de febrero, donde el mandatario defendió el incremento del 23,7% del salario mínimo para 2026, estableciéndolo en dos millones de pesos con auxilio de transporte. A través de un video publicado en su cuenta de X, el líder del Centro Democrático cuestionó profundamente la dirección económica del Gobierno actual.
La postura de Uribe sobre la economía y el Estado
Uribe afirmó de manera contundente que "la función del Gobierno no es acabar el emprendimiento privado, no es acabar con las posibilidades de empleo de calidad, no es derrochar los recursos del Estado, tener un Estado gigante, ni entregar el país al imperio de la corrupción y del narcoterrorismo". El exmandatario reiteró que su colectividad política ha defendido consistentemente lo que denomina una "economía fraterna", un modelo económico que busca, según sus explicaciones, que tanto los trabajadores como los empresarios puedan prosperar de manera equilibrada.
En este contexto, Uribe sostuvo que apoyan un salario digno para los colombianos, pero advirtió con firmeza que el país enfrenta un problema estructural relacionado directamente con el tamaño desmesurado del Estado y la carga tributaria excesiva. "Nuestra candidata Paloma Valencia dio las cifras de un Estado gigante que hay que disminuir y de unos impuestos que acaban con la inversión", señaló el expresidente durante su intervención.
El contexto legal y la respuesta de Petro
El pronunciamiento del exmandatario se produjo en medio de la controversia generada por la decisión del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto que establecía el incremento salarial anunciado por el Gobierno. El alto tribunal otorgó al Ejecutivo un plazo de ocho días hábiles para expedir un nuevo decreto que justifique adecuadamente la medida, lo que abrió un intenso debate jurídico sobre la viabilidad constitucional del aumento propuesto.
En su intervención, Uribe aseguró que, tras la decisión judicial, el pago del nuevo salario mínimo no sería obligatorio para los empleadores, e invitó a quienes puedan hacerlo a reconocerlo voluntariamente. No obstante, insistió en que el Gobierno sí está obligado constitucionalmente a defender el empleo formal, fomentar la inversión privada y combatir decididamente la corrupción y la violencia que, a su juicio, afectan gravemente la estabilidad económica y social del país.
Por su parte, en la alocución presidencial, Petro defendió con vehemencia la necesidad de garantizar un salario "vital y móvil" acorde con las condiciones económicas actuales del país. Además, convocó explícitamente a los ciudadanos a movilizarse el jueves 19 de febrero en las principales plazas públicas del territorio nacional para respaldar la medida salarial. "No solo es argumento jurídico, sino también con la fuerza del pueblo trabajador", expresó el mandatario durante su discurso.
La tensión política y el debate económico
El cruce de declaraciones entre Uribe y Petro evidencia la creciente tensión política alrededor del modelo económico y el papel del Estado en la regulación laboral. Mientras el Gobierno sostiene que el aumento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación persistente, sectores importantes de la oposición advierten sobre posibles impactos negativos en el empleo formal y la inversión privada nacional e internacional.
En su mensaje final, Uribe llamó a impulsar reformas estructurales orientadas específicamente a reducir el tamaño del Estado, bajar los impuestos a las empresas y "acabar el derroche y la corrupción" en la administración pública. El debate sobre el salario mínimo se convierte así en un nuevo escenario de confrontación política entre el Gobierno y la oposición, en un contexto nacional marcado por decisiones judiciales controvertidas y llamados explícitos a la movilización ciudadana.
Esta controversia refleja las profundas diferencias ideológicas sobre el rol del Estado en la economía colombiana, con implicaciones significativas para el futuro del mercado laboral, la competitividad empresarial y la estabilidad social del país en los próximos años.
