Tormenta política por denuncias sobre el Fondo del Ministerio de Igualdad
Una intensa controversia se desató en el ámbito político nacional tras las revelaciones presentadas por la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien expuso lo que calificó como una gestión "deficiente e inadmisible" del Fondo paralelo del Ministerio de Igualdad durante el periodo 2024-2026.
Cifras alarmantes en la ejecución presupuestal
Según el análisis detallado presentado por la congresista, la ejecución presupuestal del Fondo apenas alcanza el preocupante 48,7%. A pesar de contar con un régimen especial de contratación de derecho privado que debería garantizar mayor agilidad operativa, la entidad mantiene $564.410 millones de pesos completamente sin ejecutar, lo que representa nada menos que el 26,5% de su presupuesto total asignado.
"Les subieron los impuestos a los colombianos para dejar la plata quieta en los bancos", declaró contundentemente Valencia durante su intervención, cuestionando así la coherencia entre la política fiscal del Gobierno de Gustavo Petro y la capacidad real de inversión social.
Programas sociales paralizados y prioridad administrativa
El aspecto más grave de la denuncia radica en la completa parálisis de programas sociales considerados fundamentales. Valencia documentó la existencia de proyectos con 0% de ejecución y al menos cinco programas adicionales que no logran superar el 6% de implementación.
Mientras las obras y planes sociales brillan por su ausencia, la estructura administrativa del Fondo ha experimentado un crecimiento desmedido. Según la respuesta oficial citada por la congresista, entre 2024 y 2026 se han vinculado a 4.684 personas, distribuidas entre funcionarios, contratistas y trabajadores en misión.
- La controversia se intensifica al conocerse que 4.124 de estos contratos se habrían financiado con recursos originalmente destinados a proyectos de inversión social.
- Se han destinado $66.581 millones exclusivamente para mantener la estructura administrativa.
- Valencia denunció que el Fondo evade sistemáticamente las licitaciones públicas, realizando contratos directos sin publicación completa en el SECOP.
Cuestionamientos sobre estrategia política
Para los sectores de oposición, esta dinámica de contratación masiva en periodos cercanos a procesos electorales sugiere una estrategia política más que una gestión técnica orientada al bienestar social. "Antes que proyectos para las comunidades, garantizaron la nómina para 2026", concluyó Valencia de manera categórica.
La senadora advirtió que, tras dos años completos de funcionamiento, no se ha presentado una sola propuesta concreta de infraestructura o plan de choque que justifique racionalmente el gasto realizado. El Ministerio de Igualdad, una de las banderas principales de la actual administración, enfrenta ahora el desafío de explicar por qué, disponiendo de facultades especiales y recursos considerables, estos no se están transformando efectivamente en bienestar tangible para los ciudadanos más vulnerables.
La denuncia ha generado un amplio debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la efectividad real de las políticas sociales implementadas por el gobierno actual, colocando bajo escrutinio crítico uno de sus programas emblemáticos.
