Viceministro de TIC en el centro de la polémica electoral por acusaciones de proselitismo
El nombre de Giovanny Andrés López Cabezas, conocido públicamente como Andrés López, ha irrumpido con fuerza en el debate electoral colombiano tras las afirmaciones del candidato presidencial Iván Cepeda. Según Cepeda, el funcionario habría promovido su aspiración presidencial a través de un grupo de WhatsApp, lo que ha generado una intensa controversia sobre la participación política de servidores públicos.
¿Quién es Andrés López y cuál es su trayectoria en el MinTIC?
López Cabezas ocupa actualmente el cargo de viceministro de Transformación Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, liderado por Carina Murcia Yela. Su nombramiento oficial se registró el 14 de noviembre de 2025, y en la estructura vigente del ministerio, es responsable de áreas críticas como la Apropiación de TIC y el Gobierno Digital.
La información pública sobre su trayectoria es limitada, pero documentos internos del MinTIC revelan que antes de asumir el viceministerio, ya figuraba dentro de la entidad. Anteriormente, se desempeñó como jefe encargado de la Oficina de Fomento Regional de las TIC, lo que indica que no es un nombre ajeno al sector, sino un funcionario con experiencia interna previa a su ascenso al alto cargo.
Origen de la controversia y señalamientos de Cepeda
La polémica estalló el 17 de abril, cuando Iván Cepeda declaró que López habría participado en un grupo de WhatsApp para impulsar su campaña presidencial. El candidato enfatizó que no tenía conocimiento previo de esta actividad y marcó distancia de cualquier apoyo proveniente de servidores públicos. En su pronunciamiento, reiteró firmemente que ningún funcionario debe involucrarse en proselitismo político.
Hasta el momento, lo que existe públicamente son estos señalamientos y su difusión en medios de comunicación, sin que haya una decisión judicial o disciplinaria al respecto. El episodio ha colocado a López en el centro de la campaña electoral, dado que su posición como viceministro lo sitúa en la cúpula del MinTIC, haciéndolo especialmente visible en un debate sobre la participación política de funcionarios gubernamentales.
Respuesta del Ministerio TIC y marco legal
Un día después de la denuncia pública, el MinTIC emitió un comunicado oficial en el que aseguró desconocer las acusaciones y afirmó que, hasta ese momento, no había recibido denuncias formales ni evidencias que permitieran establecer conductas irregulares. La cartera también señaló que no existían "elementos objetivos" que sustentaran los señalamientos.
Además, el ministerio recordó que, según la Ley 996 de 2005, los servidores públicos tienen prohibido participar en proselitismo político o utilizar su cargo con fines electorales. Este pronunciamiento no cerró el caso, pero fijó la posición oficial del MinTIC: por ahora, para la entidad, no hay base probatoria pública suficiente para hablar de participación política indebida. También dejó abierta la posibilidad de colaborar con las autoridades si el caso escala a instancias disciplinarias o electorales.
Próximos pasos y repercusiones en la campaña electoral
Actualmente, el caso se mantiene en el terreno político y mediático. Iván Cepeda ya ha tomado distancia del funcionario, y el ministerio ha negado la existencia de pruebas en su poder. Lo inmediato será determinar si estos señalamientos derivan en una denuncia formal ante autoridades de control, como la Procuraduría o la Fiscalía, o si quedan como un episodio más de tensión en la campaña presidencial.
Mientras esto ocurre, el nombre de Giovanny Andrés López Cabezas ha transitado de los directorios oficiales del MinTIC a la primera línea del debate electoral, poniendo en evidencia las tensiones entre la función pública y la actividad política en Colombia. La Función Pública ha reiterado en múltiples ocasiones que los servidores públicos no pueden tomar parte en actividades de partidos y controversias políticas, aunque aún no existe una ley estatutaria que regule de manera exhaustiva estas condiciones.
Este episodio subraya la importancia de la transparencia y la ética en la administración pública, especialmente en períodos electorales donde las líneas entre el servicio estatal y la política pueden volverse borrosas. La atención ahora se centra en si surgirán nuevas evidencias o acciones legales que puedan esclarecer definitivamente este controvertido caso.
