El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, cuestionó duramente el proceso de empalme que adelanta el equipo del presidente Gustavo Petro con el del presidente electo Abelardo de la Espriella. En una serie de mensajes en X (antes Twitter), Cuervo expresó dudas sobre las garantías para la administración saliente y sugirió que se busca que el gobierno Petro salga por "la puerta de atrás".
Denuncias de intimidación y presunción de culpabilidad
Cuervo afirmó que el equipo de De la Espriella ha utilizado un "tono de intimidación constante" durante el empalme. También se refirió a la directiva conjunta emitida por la Contraloría y la Procuraduría, que exige al gobierno Petro cumplir con las normas para el empalme y entregar información completa. El ministro señaló que "un clima de opinión que hace pensar, no en una transición democrática, sino en la salida por la puerta de atrás de una 'organización criminal en el poder', me hacen pensar si en realidad el gobierno tiene garantías para rendir cuentas de su gestión".
El funcionario agregó: "Imagino que el escenario ideal sería que en cada comisión de empalme, afuera estén delegados de la Fiscalía General de la Nación y el CTI listos a hacer efectivas órdenes de captura para todos y cada uno de los ministros y directores de entidades". Según Cuervo, ese "es el clima en el que este gobierno se ve avocado a entregar el poder, prescindiendo de la legitimidad democrática con la que fue elegido". No obstante, aseguró que en el Ministerio de Justicia ya está lista toda la información necesaria para un empalme técnico y transparente, como exige la ley.
Disposición a colaborar pero críticas al proceso
Cuervo manifestó estar "a disposición de las autoridades para lo que consideren pertinente. Un demócrata cumple las reglas de juego hasta el final", pero espera "poder desvirtuar la presunción de culpabilidad que nos han endilgado, una idea contraria al Estado de Derecho". Además, resaltó que "un Comité de empalme, integrado por particulares, no tiene competencias legales de auditoría. Esto solo corresponde a organismos de control, y salvo que estos se sumen al Comité, se trata de una entrega de información oficial, la mayoría de acceso público".
El ministro también señaló que, aunque es una buena práctica democrática que el gobierno entrante y saliente se reúnan, "no es una obligación legal hacerlo. Hacer el informe de Rendición de Cuentas sí es una obligación legal".
Directiva de Contraloría y Procuraduría
La Contraloría y la Procuraduría expidieron una directiva conjunta en la que pidieron al gobierno actual entregar toda la información para avanzar de la mejor manera en el proceso. El objetivo es evitar que se interrumpa el servicio público y prevenir problemas disciplinarios o fiscales. Los entes de control destacaron que "los integrantes del gobierno saliente deben: identificar y dejar constancia de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias concurrentes entre distintos niveles de gobierno". La finalidad es "permitir a la administración entrante conocer el alcance de las obligaciones institucionales en curso, las entidades comprometidas y las medidas que deban mantenerse, ajustarse o articularse para asegurar la continuidad de la gestión pública".
