La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad y le solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes para garantizar que la transición institucional no afecte la atención de poblaciones históricamente discriminadas ni interrumpa programas y políticas públicas.
Antecedentes de la liquidación
El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 626 de 2026, con el que se formalizó la liquidación de la cartera. La decisión se produjo en cumplimiento de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley que creó el ministerio y dio plazo hasta el cierre de la legislatura 2025-2026 para corregir los vicios identificados.
Según la Defensoría, la transición de las políticas a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad sigue sin claridad suficiente y persisten incertidumbres sobre la continuidad de varias de ellas. Esto genera preocupación porque puede afectar la implementación y el adecuado traslado de medidas de protección.
Incertidumbre sobre funciones y recursos
En un comunicado, la Defensoría advirtió que persiste incertidumbre sobre la forma en que se trasladarán las funciones del ministerio y cómo se garantizará la continuidad de las políticas dirigidas a mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores, población migrante y comunidades campesinas, entre otros grupos de especial protección constitucional.
El organismo también expresó preocupación porque varias funciones pasarán al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social bajo un criterio de “costo cero”, sin que, hasta el momento, existan garantías claras sobre la disponibilidad de recursos, la capacidad técnica o la coordinación institucional necesaria para mantener los programas.
Impacto en fondos estratégicos
Entre las principales alertas figuran el posible impacto sobre fondos estratégicos como “No es Hora de Callar”, “Todos Somos PAZcífico” y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad, además del riesgo de que se interrumpan políticas relacionadas con la equidad de género, los sistemas de cuidado y la prevención de violencias contra las mujeres.
La Defensoría recordó además que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos, pidió recientemente al Estado colombiano preservar los avances alcanzados en materia de institucionalidad de género y evitar retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres.
Recomendaciones de la Defensoría
Por ello, el organismo solicitó al Gobierno publicar una hoja de ruta detallada que defina qué funciones serán trasladadas, a qué entidades, con qué presupuesto y cómo se garantizará la continuidad de los programas, los fondos y los espacios de participación ciudadana. También pidió conservar los equipos técnicos especializados y asegurar que la transición no implique una disminución en la capacidad del Estado para responder a las desigualdades estructurales.
Incertidumbre laboral para funcionarios
La liquidación del Ministerio de Igualdad también ha generado incertidumbre entre sus trabajadores. El pasado 22 de junio, decenas de funcionarios permanecieron en las instalaciones de la entidad a la espera de definiciones sobre la situación laboral de más de 600 personas que podrían perder su empleo como consecuencia del cierre de la cartera.
El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 y tuvo como primera ministra a la entonces vicepresidenta Francia Márquez. Posteriormente, la entidad estuvo dirigida por Carlos Alfonso Rosero, Juan Carlos Florián Silva y, más recientemente, Alfredo Acosta Zapata. Según el decreto de liquidación, varias de sus funciones serán asumidas por otras entidades del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior y Prosperidad Social.
