La transformación del Esmad en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) no fue un cambio cosmético ni un reemplazo de siglas. Fue una decisión política e institucional de este Gobierno frente a una lección dolorosa: en una democracia constitucional, la protesta social no puede tratarse como patología del orden público ni como “toma guerrillera”, sino como una forma legítima de participación ciudadana.
Una promesa cumplida
La promesa se cumplió. Transformamos el Esmad al modificar su doctrina y su lógica de actuación. El centro dejó de ser el choque y pasó a ser el diálogo. La pregunta dejó de ser cómo dispersar más rápido y empezó a ser cómo desescalar, proteger derechos, garantizar la movilidad sin negar la protesta e intervenir solo cuando sea estrictamente necesario.
La reforma partió de una idea profundamente democrática: protestar no es delinquir. Ninguna manifestación justifica agresiones, incendios o ataques contra servidores públicos. Pero una cosa es reconocer límites constitucionales y otra muy distinta convertir cualquier bloqueo o tensión social en una autorización anticipada para usar la fuerza.
Avances centrales de la reforma
Uno de los avances centrales fue la creación de equipos de diálogo: no como gesto ingenuo, sino como técnica democrática de gestión del conflicto. También se modificó la doctrina de uso de la fuerza, se prohibió la escopeta calibre 12 y la granada de múltiple impacto en manifestaciones, y se priorizó la mediación antes de acudir a la fuerza. Eso no debilitó a la Policía: le dio mayor seguridad jurídica, legitimidad y control democrático.
Además, se entendió al policía como ser humano. Un uniformado agotado, sin descanso ni acompañamiento psicosocial es más vulnerable a tomar decisiones impulsivas y contrarias a derechos. Por eso la reforma incorporó ciclos de descanso, salud mental preventiva, formación, espacios de descarga emocional y acompañamiento jurídico.
Resultados contundentes
Los resultados muestran que el cambio no fue retórico. 2025 fue el segundo año con mayor número de protestas en los últimos siete años y, al mismo tiempo, el año con menor porcentaje de uso de la fuerza: 1,9% en 15.378 protestas, frente a 12% de 16.670 protestas en 2021. La evidencia indica que se puede mantener el orden sin convertir cada protesta en campo de batalla.
Por eso preocupa el retorno de discursos que prometen “mano dura” y priorizan la fuerza sobre el diálogo. Esas palabras no son inocuas: impactan a los uniformados en la calle y les dicen que la autoridad política espera dureza, no criterio; castigo, no proporcionalidad; choque, no mediación.
Un legado democrático que proteger
Colombia ya conoce ese camino. En 2021 hubo heridas democráticas, vidas perdidas y un costo institucional enorme: la legitimidad de la Policía cayó estrepitosamente. Esa es una de las mayores irresponsabilidades del poder político: incitar desde el escritorio lo que otros deberán ejecutar en la calle, con costos disciplinarios, penales, humanos e institucionales. Por eso, la Undmo y su doctrina deben ser protegidas como legado democrático. No porque sean perfectas: deben seguir siendo evaluadas, corregidas y fortalecidas. Pero desmontar su enfoque de diálogo sería un retroceso grave.
