El Ministerio de Igualdad y Equidad ha entrado en una fase de preparación administrativa ante la posibilidad de que la entidad desaparezca si el Congreso no logra aprobar una solución legislativa antes del plazo establecido por la Corte Constitucional. La cartera activó un cronograma interno para organizar el cierre de actividades, la entrega de documentos, bienes y funciones, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de sus programas sociales y de cerca de 580 trabajadores.
Ministerio de Igualdad prepara su cierre administrativo
De acuerdo con una circular interna revelada por El Tiempo, el Ministerio de Igualdad puso en marcha una hoja de ruta para que sus dependencias adelanten tareas de empalme y cierre. El proceso contempla la finalización de actividades esenciales, la entrega de informes de gestión y la organización de soportes documentales asociados a cada cargo.
El cronograma establece que el 17 de junio será el último día para que las áreas culminen sus actividades principales y dejen listos los reportes requeridos. Para el 18 de junio está prevista la consolidación interna de información y la reorganización de áreas, mientras que el 19 de junio se realizaría la entrega formal de bienes institucionales, equipos y paz y salvos.
La fecha clave es el 20 de junio, día en el que vence el plazo fijado por la Corte Constitucional. Si para entonces no se han corregido los vicios identificados en la ley que creó el ministerio, la entidad tendría que ser suprimida y sus funciones pasarían a otras entidades públicas.
En este proceso, la Oficina de Planeación también deberá recopilar información estratégica sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y compromisos relacionados con políticas de paz. Estos insumos quedarían en manos de un eventual liquidador, en caso de que se concrete la desaparición de la cartera.
¿Por qué el Ministerio de la Igualdad podría desaparecer?
La situación del Ministerio de Igualdad se originó en una decisión de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley mediante la cual se creó la entidad. La Corte encontró problemas en el trámite legislativo, relacionados con el análisis y el aval fiscal exigidos para este tipo de iniciativas.
En términos prácticos, el aval fiscal es la revisión que permite establecer si una iniciativa pública cuenta con respaldo financiero y si sus costos fueron evaluados durante el trámite. Al no cumplirse plenamente ese requisito, el alto tribunal dejó sin piso jurídico la creación del ministerio, aunque dio un plazo para que el Congreso pudiera corregir el trámite.
El Gobierno ha buscado alternativas para salvar la entidad, pero el margen legislativo se redujo. En ese escenario, el presidente Gustavo Petro ordenó avanzar en la preparación del cierre mientras continúa la discusión política sobre el futuro de la cartera.
La activación del cronograma no significa, por sí sola, que la liquidación esté formalmente decretada. Sin embargo, muestra que el Gobierno se está preparando para el escenario en el que el Congreso no alcance a aprobar una solución antes de la fecha límite.
Programas sociales y empleados, los puntos más sensibles
Uno de los principales retos de una eventual desaparición del Ministerio de Igualdad será garantizar que sus programas sociales no se interrumpan. La estrategia del Gobierno contempla trasladar funciones a varias entidades estatales, entre ellas los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, así como el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento de Prosperidad Social.
La intención es que las iniciativas dirigidas a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos y personas con discapacidad continúen operando, aun si la cartera deja de existir. Para ello, las entidades involucradas deberán dejar listos los actos administrativos necesarios antes del 17 de junio.
El impacto laboral también genera preocupación. Organizaciones sindicales han advertido que aún no existe claridad sobre la situación de los trabajadores, ni sobre eventuales reubicaciones, traslados o mecanismos de protección durante la transición. Según cifras conocidas durante el proceso, alrededor de 580 empleados podrían verse afectados si la liquidación finalmente se concreta.
El Gobierno prevé un acompañamiento para reducir riesgos jurídicos. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado participaría en el proceso con el fin de prevenir reclamaciones derivadas de la reorganización institucional, mientras que la Función Pública deberá orientar la redistribución de funciones y la posible reubicación de empleos.
El desenlace dependerá de lo que ocurra antes del 20 de junio. Hasta entonces, el Ministerio de Igualdad queda en una doble condición: sigue existiendo jurídicamente, pero ya prepara su cierre operativo. Para los trabajadores, las entidades receptoras y las poblaciones beneficiarias, la incertidumbre no está solo en el futuro de una cartera, sino en cómo se garantizará la continuidad de las políticas que hoy dependen de ella.
