Carlos Andrés se lleva la mano al hombro varias veces, como si el arma que ya no tiene fuera a resbalarse de su hombro. Lo hace de manera automática, casi involuntaria. El gesto se repite una y otra vez durante la conversación y revela hasta qué punto seis años de guerra terminaron instalándose en su cuerpo. Mira a todos lados con asombro y en voz bajita dice que se siente abrumado porque no pensó ver a tantas personas. Sin el camuflado y sin el fusil que cargó durante todo ese tiempo en los Comandos de Frontera, una de las estructuras que integran la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), es un chico normal que está emocionado porque en unos días cumplirá 30 años, porque esa noche dormirá en una cama y porque confía en que la decisión que tomó en Putumayo marque un rumbo distinto para su vida.
Carlos fue una de las 99 personas que el jueves pasado dejaron las armas e ingresaron a la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la paz total de Petro, que está en la vereda La Betania, en Valle del Guamuez, al suroccidente de ese departamento.
“Me costó entregar el fusil, pero me siento libre. Fue algo muy bonito. Uno se siente contento porque las cosas se están dando. Estoy feliz porque voy a volver a ver a mi familia”, dice a este diario en medio de una jornada que plantea dilemas no solo para quienes decidieron dejar las armas, sino para el país que está en un punto de efervescencia por las elecciones de este domingo.
“Uno no se confía mucho. Ojalá que todo salga bien. Porque si nosotros estamos aquí, en verdad tenemos el corazón y el pensamiento de hacer las cosas bien”, asegura.
La ZUT: un experimento en medio de la incertidumbre electoral
La frase resume una historia personal, pero también el momento político de Colombia. Con casi todo en contra, incluso la orden de un juez de suspender temporalmente el proceso apenas un día antes de su puesta en marcha, la Zona de Ubicación Temporal terminó materializándose.
Las Zonas de Ubicación, la ‘papa caliente’ del próximo presidente. Pero mientras Carlos y las otras 98 personas empiezan el intento de construir una vida fuera de la guerra, la ZUT —el experimento más ambicioso de la paz total de Petro y, hasta ahora, su resultado más concreto— entra en un terreno desconocido. Su puesta en marcha ocurre cuando al gobierno de Gustavo Petro le quedan apenas 48 días en el poder y cuando el país está a horas de elegir a su nuevo presidente, quien deberá decidir qué hacer con ella.
Esa es la razón por la que la instalación de ese espacio se ha convertido en una de las herencias más complejas que deja Petro en materia de paz. La zona funcionará, al menos en el papel, hasta diciembre de este año, lo que quiere decir que quien llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto recibirá una negociación todavía inconclusa, una Zona de Ubicación en funcionamiento y un centenar de excombatientes apostándole a una transición. El próximo presidente deberá decidir, entonces, si le da continuidad, la modifica o la desmonta.
Las incertidumbres del proceso
Para Javier Flórez, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), ahí radica una de las principales singularidades del proceso. “Normalmente este tipo de figuras aparecen cuando una negociación está llegando a su etapa final. Aquí ocurre al revés: la zona empieza a funcionar cuando todavía quedan por resolver varias de las discusiones más importantes de la mesa”, explica.
El investigador afirma que la instalación de la ZUT ocurrió en medio de incertidumbres sobre los compromisos que asumirán las partes, la ausencia del marco jurídico que sostendrá el proceso y sobre la voluntad política que tendrá el próximo gobierno para seguir con ese tipo de diálogo de paz. “Lo que se está poniendo a prueba es si una figura de este tipo puede ayudar a producir avances en una negociación que aún no ha llegado a puerto, o si por el contrario termina generando tensiones adicionales”, señala.
Y agrega: “La pregunta ya no es si la zona podía instalarse. La pregunta es si tendrá respaldo político suficiente para sostenerse y producir resultados”.
La visión del Gobierno y el futuro de la ZUT
Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa con esa disidencia, reconoce que el futuro de la zona dependerá de la voluntad política de la próxima administración. “Vendrán retos mayores y esperamos que el gobierno entrante, cualquiera que sea, no los abandone con los ajustes que considere pertinentes”, dijo en entrevista con Colombia+20.
El jefe negociador insistió en que la apuesta de la mesa trasciende la coyuntura electoral y debe evaluarse con “un examen frío, ponderado y objetivo” sobre los avances alcanzados, entre ellos la dejación de armas de un grupo con fuerte presencia territorial. “Es un logro significativo en el desescalamiento de la violencia”, afirmó.
Novoa fue más allá al advertir que el desenlace del proceso no puede leerse solo en clave técnica o administrativa. “El nuevo presidente tendrá que valorar si continúa este esfuerzo o lo abandona. Y si lo abandona, cuál es el planteamiento que tiene a cambio para el país, no para la mesa, sino para las comunidades, para cumplir con el mandato del artículo 22 de la Constitución (que dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento)”, señaló.
Escenarios según el resultado electoral
Pero el escenario, sin duda, cambiará dependiendo del resultado electoral. Mientras un eventual gobierno de Iván Cepeda probablemente buscaría dar continuidad al proceso y explorar mecanismos para consolidar la transición iniciada en Putumayo, Abelardo de la Espriella ha dicho que acabará con toda la arquitectura de la paz total y eso, claro, incluye el desmonte de instrumentos como las Zonas de Ubicación.
Pero el significado de la ZUT va mucho más allá del balance que pueda hacer el Gobierno saliente. Lo que está en juego no es únicamente un logro político de Petro, sino la viabilidad misma de una fórmula que hasta ahora no había sido puesta a prueba dentro de la paz total y que, según lo planteado por el Gobierno, podría extenderse a otros frentes con la instalación de hasta cinco Zonas de Ubicación en distintos territorios y con cuatro grupos armados en proceso de negociación. Incluso un acuerdo tan blindado como el que se firmó con las antiguas FARC en 2016 -donde también hubo zonas veredales de transición- enfrentó dificultades relacionadas con infraestructura, seguridad y cumplimiento institucional.
Lo que ocurrió en la vereda La Betania -donde ya hay dos anillos de seguridad. Uno conformado por Fuerza Pública y otro por hombres de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP)- podría convertirse en la base de una negociación más amplia o en el último gran experimento de la política de paz de Petro. Carlos Andrés, como los otros 98 integrantes que entraron a la zona, sigue en un espacio donde la decisión ya se tomó, pero sus efectos todavía están por definirse.
