El Ministerio del Trabajo presentó este lunes una solicitud para controvertir y pedir la revocatoria de la sanción por desacato impuesta por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá contra el ministro Antonio Sanguino Páez. La cartera sostuvo que respondió de fondo las solicitudes de información presentadas por la entonces congresista Katherine Miranda Peña y que protegió datos sometidos a reserva legal.
Ministerio del Trabajo activa recurso de consulta
La solicitud fue presentada mediante el grado jurisdiccional de consulta, mecanismo con el que el Ministerio busca la inaplicación de la sanción ordenada por el juez Víctor Hugo González. Según la entidad, la decisión fue conocida a través de medios de comunicación y será controvertida por los canales legales previstos.
En su pronunciamiento, el Ministerio del Trabajo aseguró que ha actuado con respeto por las decisiones judiciales, dentro de los términos procesales correspondientes y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. La entidad defendió que las respuestas entregadas atendieron las solicitudes formuladas y que el punto de discusión se relaciona con información que, por su naturaleza, no puede ser divulgada de manera abierta.
Origen de la solicitud de información
El caso tiene origen en una solicitud presentada el 24 de marzo de 2026 por Katherine Miranda Peña, entonces congresista de la República. De acuerdo con el Ministerio, la petición estaba relacionada con información sobre el Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, ordenado por Sanguino en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la cartera laboral.
El Ministerio explicó que la solicitud se presentó en el marco de las acciones adelantadas frente a denuncias de acoso laboral, acoso sexual y violencia basada en género en distintos medios de comunicación del país. Según la entidad, la respuesta de fondo fue emitida el 26 de mayo de 2026 y, posteriormente, el 1 de julio, fue informada al despacho judicial correspondiente.
Protección de datos sensibles y reserva legal
La cartera laboral sostuvo que entregó la totalidad de la información pública disponible que no estaba sometida a reserva legal, constitucional o estadística. Sin embargo, señaló que parte de lo requerido correspondía a denuncias de posible acoso sexual y violencia basada en género en entornos laborales, por lo que algunos datos debían protegerse para salvaguardar información sensible y la intimidad de las personas involucradas.
En ese sentido, el Ministerio aseguró que la reserva legal no busca desconocer el derecho de petición, sino proteger datos especialmente sensibles y evitar escenarios de revictimización. La entidad sostuvo que esa actuación se enmarca en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que ello configure una vulneración del derecho fundamental invocado.
Declaraciones del ministro Sanguino
Sanguino defendió la actuación de la cartera y señaló que la respuesta se dio dentro de los términos legales. “Hemos respondido de fondo y dentro de los términos establecidos por la ley. Al mismo tiempo, tenemos el deber de proteger la información sometida a reserva legal”, aseguró el ministro, al referirse a los datos vinculados con denuncias de acoso sexual y violencia basada en género.
El ministro agregó que esa protección busca “salvaguardar datos sensibles, la intimidad de las personas involucradas y evitar cualquier forma de revictimización”. También cuestionó el uso de esa información y afirmó que “el uso político y oportunista de esta información debe ser rechazado por todos los sectores y por la sociedad en general”.
Plan de inspección a medios y respuesta judicial
El Ministerio indicó que la solicitud de Miranda Peña se concentró exclusivamente en los posibles casos de RTVC, hoy Inravisión, y no en los hallazgos de otros medios incluidos en el Plan Nacional de Inspección. En el comunicado, la entidad afirmó que esa selección dejó por fuera otros casos identificados dentro de las acciones de vigilancia adelantadas por la cartera laboral.
La entidad también señaló que la excongresista procedió a interponer la acción de desacato contra el ministro, pese a que, según el Ministerio, existían respuestas que protegían información sometida a reserva legal. En su pronunciamiento, la cartera insistió en que dio una respuesta “de fondo, clara y oportuna” a las peticiones presentadas y que allegó los documentos dentro de los términos otorgados.
Recurso legal y próximos pasos
Con la acción interpuesta, el Ministerio del Trabajo pide al juzgado examinar de manera integral todas las respuestas emitidas, valorar que fueron presentadas dentro del marco legal aplicable y levantar la sanción impuesta. La cartera sostuvo que discrepa de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión del despacho judicial.
El recurso fue presentado con base en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, según explicó el Ministerio. La entidad espera que, una vez surtido el trámite correspondiente, se reconozca que actuó de buena fe, dentro de la ley y protegiendo información reservada. Además, reiteró su compromiso con el derecho de petición, la transparencia institucional y el cumplimiento de las órdenes judiciales.
En su comunicado, la cartera laboral insistió en que seguirá defendiendo el acceso a la información pública, pero dentro de los límites fijados por la protección de datos sensibles. El caso queda ahora en manos del trámite judicial que deberá revisar la sanción, las respuestas entregadas por el Ministerio y el alcance de la reserva legal invocada por la entidad.
