El Departamento Administrativo de la Función Pública publicó el más reciente Índice de Desempeño Institucional (IDI), que mide la gestión de las alcaldías de las capitales colombianas en una escala de 100 puntos. Bogotá se posicionó como la ciudad mejor administrada del país, con un puntaje de 98,6, seguida de Cartagena (97,1) y Bucaramanga (95,2).
Las diez capitales con mejor desempeño institucional
El ranking completo de las 10 capitales mejor calificadas incluye a Cali (95,0 puntos), Medellín (93,9), Manizales (91,6), Popayán (91,5), Neiva (90,7), Puerto Carreño (87,4) y Pasto (81,2). En contraste, Leticia (51,7) y Arauca (57,6) obtuvieron los puntajes más bajos entre las 31 ciudades analizadas.
El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, destacó que “una institucionalidad sólida es la base para construir ciudades más competitivas, transparentes y eficientes”. Añadió que “estos resultados son el reflejo del compromiso de los alcaldes y sus equipos de gobierno con el fortalecimiento de la gestión pública y la generación de valor para cada uno de los ciudadanos”.
Criterios de evaluación del IDI
Para obtener estos puntajes, cada ciudad debió demostrar avances en planeación, gestión del talento humano, control interno, transparencia, gobierno digital y orientación a resultados. Asocapitales señaló que la medición evidencia que las capitales cuentan con administraciones más modernas, técnicas y enfocadas en resultados, especialmente en un contexto donde los gobiernos locales asumen cada vez mayores responsabilidades en seguridad, movilidad, salud, sostenibilidad, gestión del riesgo y desarrollo económico.
Sobre Bogotá, la entidad recalcó que su puntaje la consolida como un referente nacional y ratifica el impacto de una gestión pública fundamentada en la planeación, la innovación y el fortalecimiento de las instituciones.
Brechas en la gestión territorial
Luz Stella Carrillo, miembro del equipo técnico de la Misión de Descentralización, explicó que las limitaciones en la gestión de ciudades como Leticia y Arauca son provocadas por dificultades en la organización del Estado y en la gestión de las entidades. “Por ello se considera que, para lograr procesos de mediano y largo plazo que permitan el cierre de brechas entre entidades territoriales, se debe fortalecer el proceso de descentralización”, concluyó Carrillo.
