A pocos días de finalizar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro publicó para consulta un proyecto de decreto que busca fortalecer la capacidad de las organizaciones de ahorro y crédito de la economía solidaria para enfrentar crisis antes de que sea necesaria una intervención o liquidación. La propuesta, elaborada por la Unidad de Regulación Financiera (URF), incorpora nuevas herramientas preventivas para preservar la estabilidad de estas entidades, proteger los recursos de los asociados y mejorar la coordinación entre las autoridades de supervisión.
Planes de Fortalecimiento Institucional y de Resolución
El borrador, abierto a comentarios hasta el 22 de julio de 2026, plantea un esquema para que determinadas cooperativas anticipen problemas financieros, operativos, de liquidez o de gobierno corporativo. La intención es que adopten medidas correctivas antes de que el deterioro institucional haga inevitable la aplicación de medidas especiales de intervención, resolución o liquidación.
Uno de los principales cambios es la creación de los Planes de Fortalecimiento Institucional, definidos como herramientas preventivas que permitirán a las organizaciones preservar o restablecer oportunamente su solidez financiera, su liquidez y su viabilidad operativa. Según la URF, estos instrumentos buscan reducir el riesgo de que una crisis escale hasta comprometer la continuidad de la entidad.
Herramientas para casos inviables
El proyecto también incorpora los Planes de Resolución, concebidos para aquellos casos en los que la continuidad de una organización ya no sea viable. En esos escenarios, la propuesta busca que exista una hoja de ruta previamente diseñada para administrar de forma técnica y ordenada la salida del mercado, procurando mantener las funciones esenciales de la entidad y disminuir los efectos sobre los asociados y el resto del sector solidario.
La iniciativa aclara que estas herramientas no sustituyen las facultades de las autoridades de supervisión, sino que buscan mejorar la preparación de las organizaciones frente a escenarios de deterioro significativo. Con ello se pretende evitar respuestas improvisadas y fortalecer la capacidad de reacción tanto de las entidades como de los organismos responsables de su vigilancia.
Supersolidaria definirá entidades obligadas
El proyecto establece que no todas las organizaciones estarán obligadas a elaborar estos planes. La Superintendencia de la Economía Solidaria será la encargada de identificar cuáles entidades deberán desarrollarlos, con base en criterios técnicos relacionados con su importancia y nivel de riesgo.
Además, se crea el Comité Técnico de Fortalecimiento Institucional y Resolución, un espacio de articulación entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop). Su objetivo será fortalecer la coordinación institucional para responder de manera oportuna cuando una organización presente señales de deterioro significativo.
Protección de asociados y ahorradores
De acuerdo con la URF, este mecanismo permitirá fortalecer la red de seguridad del sector y facilitar la adopción de respuestas coordinadas ante situaciones que puedan comprometer la estabilidad de las organizaciones de ahorro y crédito de la economía solidaria. También contribuirá a mejorar el intercambio técnico entre las entidades responsables de la supervisión y la resolución.
La propuesta hace parte de una estrategia para alinear la regulación colombiana con buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de recuperación y resolución de organizaciones financieras, con el propósito de fortalecer la resiliencia del sector y mejorar su capacidad para enfrentar escenarios de estrés.
Objetivo central: proteger recursos
Según la URF, el propósito central del proyecto es proteger los recursos de los asociados y ahorradores, reducir los efectos que podría generar un deterioro institucional significativo y fortalecer la confianza en las organizaciones de ahorro y crédito de la economía solidaria. Para ello, el decreto propone que las entidades cuenten con herramientas que permitan actuar antes de que una situación crítica termine afectando su continuidad.
Larisa Caruso, directora (e) de la URF, señaló que una mejor preparación frente a escenarios de crisis permitirá preservar la estabilidad del sector y ofrecer mayores garantías a quienes depositan sus recursos en estas organizaciones. Mientras avanza el proceso de consulta pública, la URF invitó a los interesados a presentar comentarios sobre el proyecto hasta el próximo 22 de julio, con el fin de enriquecer la propuesta antes de su eventual expedición.
