El gobierno nacional presentó oficialmente su propuesta de reforma tributaria, la cual tiene como objetivo principal recaudar $20 billones adicionales durante el próximo año fiscal. Según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, esta medida es necesaria para financiar programas sociales clave y reducir el déficit fiscal que enfrenta el país.
Detalles de la propuesta
La reforma incluye un aumento en el impuesto de renta para personas naturales con ingresos superiores a $10 millones mensuales, así como un incremento en el impuesto al patrimonio para fortunas mayores a $3.000 millones. Además, se propone gravar las transacciones digitales y las plataformas de economía colaborativa.
El gobierno estima que estas medidas afectarán a aproximadamente el 2% de la población más rica del país. "Estamos pidiendo un esfuerzo adicional a quienes más tienen, para poder garantizar recursos para la educación, la salud y la infraestructura", afirmó Ocampo durante la presentación.
Impacto económico y social
Según cálculos del Ministerio de Hacienda, los $20 billones recaudados permitirían financiar la gratuidad en la educación superior para estudiantes de bajos recursos, ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar y mantener los subsidios a los combustibles. Sin embargo, sectores empresariales han expresado su preocupación por el posible impacto en la inversión y el empleo.
La reforma también contempla medidas para combatir la evasión fiscal, que según la DIAN representa pérdidas por más de $15 billones anuales. Se fortalecerán los mecanismos de control y se aumentarán las sanciones para los evasores.
Reacciones políticas
La propuesta ha generado divisiones en el Congreso. Mientras que los partidos de la coalición de gobierno han manifestado su respaldo, la oposición ha criticado el alcance de los nuevos impuestos. "Esta reforma castiga a la clase media trabajadora y desincentiva la inversión", declaró el senador Miguel Uribe, del partido Centro Democrático.
El gobierno espera que el proyecto sea aprobado antes de fin de año, para que entre en vigencia en enero de 2024. Las discusiones en las comisiones económicas del Congreso comenzarán la próxima semana.
