Abogado de Maduro denuncia bloqueo estadounidense para cobrar honorarios pagados por Venezuela
El abogado Barry J. Pollack, designado para representar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, ha presentado una acusación formal contra las autoridades de Estados Unidos por bloquear el pago de sus honorarios profesionales. Según documentos judiciales revelados en Nueva York, el Departamento del Tesoro habría revocado una licencia especial que permitía a Venezuela realizar estos pagos, pese a que el país caribeño sigue sujeto a estrictas sanciones económicas.
Detalles de la controversia legal
En una carta dirigida al juez federal Alvin Hellerstein, fechada el 20 de febrero, Pollack detalló cómo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) inicialmente autorizó tanto su representación de Maduro como de su esposa Cilia Flores. Sin embargo, esta autorización fue revocada apenas horas después en el caso específico del expresidente venezolano.
"Al negarse a autorizar al gobierno venezolano a pagar los gastos de defensa del señor Maduro, la OFAC obstaculiza su capacidad para asegurarse los servicios de un abogado y, en consecuencia, su derecho constitucional garantizado por la Sexta Enmienda", argumentó el jurista en su comunicación judicial.
Contexto del caso y próximos pasos
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron trasladados forzosamente a Estados Unidos a principios de enero tras su captura en Caracas durante una operación militar estadounidense. Ambos enfrentan cargos formales por narcotráfico ante un tribunal de Manhattan y permanecen encarcelados en una prisión federal de Brooklyn, con próxima comparecencia programada para el 26 de marzo.
Pollack, con más de tres décadas de experiencia en litigios federales de alto perfil, dejó claro que desde el 11 de febrero solicitó a la OFAC restablecer la licencia original. "La agencia no ha actuado", afirmó el abogado, pese a haber tramitado las respectivas licencias comerciales sobre Venezuela recientemente.
El defensor advirtió que si la OFAC no restablece la autorización inicial o la rechaza formalmente, Maduro presentará en los próximos días una moción formal solicitando la intervención directa del tribunal. Cabe destacar que esta situación afecta exclusivamente a Maduro, acusado de cargos de narcotráfico y corrupción, y no a su esposa Flores, quien enfrenta acusaciones similares pero mantiene la autorización para el pago de representación legal.
Implicaciones constitucionales y legales
La controversia plantea cuestiones fundamentales sobre el derecho a defensa en casos de alto perfil internacional. Pollack enfatizó que, al impedir el pago de honorarios por parte de Venezuela, las autoridades estadounidenses estarían limitando la capacidad de Maduro para contratar al abogado de su elección, un derecho protegido constitucionalmente.
El caso ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas persistentes entre Washington y Caracas, donde las sanciones económicas han sido una herramienta central de la política exterior estadounidense hacia Venezuela. La resolución de este impasse legal podría establecer precedentes significativos para futuros casos que involucren a figuras políticas sancionadas que requieren representación legal en territorio estadounidense.
