Los abogados penalistas Felipe Alzate y Simón Hernández presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas, seguimientos, hostigamientos e intentos de infiltración. Según los juristas, estos hechos estarían relacionados con el ejercicio de su actividad profesional y la representación de víctimas y procesados en diversos casos judiciales.
Inicio de las intimidaciones
De acuerdo con la denuncia, las presuntas acciones intimidatorias habrían comenzado el año pasado, después de que los abogados asumieran la representación legal de varias víctimas en procesos de alto perfil. En un comunicado público, Alzate y Hernández señalaron que estas actuaciones representan una afectación directa al ejercicio independiente de la profesión y al derecho de defensa.
“Ningún abogado puede ser objeto de perfilamiento por cumplir con su deber profesional, por asumir una causa, por representar los intereses de sus clientes o por acudir ante las autoridades competentes en defensa de los derechos que le han sido confiados”, manifestaron los penalistas.
Impacto en el derecho de defensa
En el mismo documento, los abogados agregaron que “permitir que la intimidación condicione o limite el ejercicio libre e independiente de la profesión implicaría una afectación directa al derecho de defensa, debido proceso e incluso al acceso que debe tener cualquier ciudadano a la administración de justicia”.
Los juristas denunciaron haber sido víctimas de mensajes intimidatorios directos, seguimientos en entornos laborales y presuntos perfilamientos. Asimismo, indicaron que existirían intentos de terceros por acceder a información sensible relacionada con su actividad profesional y los procesos judiciales que adelantan.
Casos de relevancia pública
Actualmente, Alzate y Hernández participan en varios casos de relevancia pública. Entre ellos se encuentra la representación de Beatriz Niño como presunta víctima del exembajador Daniel Garcés, la defensa del exalcalde William Dau y el litigio relacionado con el lote donde está ubicado el denominado Palo del Ahorcado.
La denuncia también advierte que las presuntas intimidaciones no solo habrían afectado a los juristas, sino que se extenderían a familiares y personas de su entorno laboral.
