Chats, llamadas y videos evidencian amenazas contra testigo clave en proceso contra presidente de Ecopetrol
La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, confirmó formalmente que Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol (filial de Ecopetrol), ha recibido amenazas de muerte por su condición de testigo clave en una investigación penal contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Este caso ha generado alerta máxima en las autoridades judiciales colombianas.
Esquema de seguridad comprometido y pruebas digitales
Según la información proporcionada por el propio Rojas, algunos miembros de su esquema de seguridad habrían estado entregando información confidencial a terceros sobre su ubicación exacta y las personas con las que se reunía. "La orden es tomar fotos con quien usted habla y se reúne, jefe", le advirtió uno de sus escoltas, según los testimonios recogidos por la Fiscalía.
Las amenazas se materializaron a través de múltiples canales digitales:
- Mensajes de WhatsApp solicitando información precisa sobre su paradero para planificar un posible atentado
- Preguntas específicas en chats sobre si el expresidente de Hocol portaba armas
- Un video proporcionado a las autoridades donde se observa cómo varios sujetos interceptan su camioneta, aunque al percatarse de que no iba en el vehículo, huyeron rápidamente del lugar
- Una llamada telefónica desde un número extranjero (aparentemente de Países Bajos) advirtiéndole que no continuara declarando en contra del 'señor del arroz' (presunta referencia a Roa) ni contra el expolicía involucrado
Contexto del caso: tráfico de influencias y contrato millonario
Luis Enrique Rojas poseería evidencias cruciales sobre la presunta presión que recibió para asignar un contrato millonario a Juan Guillermo Mancera, un expolicía señalado de haber pagado un apartamento valorado en aproximadamente $1.800 millones que está a nombre de Ricardo Roa.
Precisamente por esta investigación, la Fiscalía General imputó al presidente de Ecopetrol el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionado con la compra irregular de dicho inmueble. Roa ya enfrentó una audiencia inicial sobre estos cargos, mientras que una segunda imputación por violación de topes electorales fue aplazada recientemente.
Respuesta institucional y medidas de protección
Frente a esta grave situación, la fiscal Camargo declaró que "se están realizando todas las investigaciones del caso" y que "el programa de protección de testigos de la Fiscalía está haciendo la evaluación de riesgo para determinar qué medidas adoptar para su protección".
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento exhaustivo sobre los avances en el caso, pero se espera que las investigaciones progresen rápidamente para identificar y capturar a los responsables de estas amenazas, las cuales ponen en riesgo no solo la integridad del testigo, sino también el curso mismo de la justicia en un caso de alta relevancia nacional.
Este episodio evidencia los riesgos extremos que enfrentan los testigos en procesos judiciales contra figuras poderosas del establecimiento colombiano, y plantea serios interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de protección existentes en el país.
