Juez decreta arresto de 48 horas contra interventor de Nueva EPS por desacato a orden judicial
En un hecho sin precedentes que sacude al sistema de salud colombiano, un juez de la República ordenó la medida de aseguramiento de 48 horas de arresto contra Luis Oscar Galves, actual interventor de la Nueva EPS. La decisión judicial se tomó como consecuencia del desacato flagrante a una orden de tutela que protegía los derechos fundamentales de un paciente con graves problemas cardíacos.
Detalles del caso que motivó la drástica medida judicial
El conflicto legal se originó cuando la Nueva EPS, bajo la dirección de Galves, incumplió sistemáticamente las disposiciones de una tutela judicial que ordenaba la atención médica prioritaria para un paciente diagnosticado con complicaciones cardíacas severas. A pesar de las reiteradas advertencias del poder judicial, la entidad de salud persistió en su negativa a cumplir con el mandato legal.
"Este caso representa una violación grave a los derechos fundamentales a la salud y a la vida", señalaron fuentes cercanas al proceso judicial. La medida de aseguramiento busca garantizar que el interventor de la EPS responda ante las autoridades por su conducta administrativa y cumpla con las obligaciones legales pendientes.
Implicaciones para el sistema de salud colombiano
Este fallo judicial establece un precedente significativo en materia de:
- Responsabilidad administrativa de directivos de entidades de salud
- Cumplimiento efectivo de órdenes judiciales en casos médicos urgentes
- Protección reforzada para pacientes con condiciones críticas
- Mecanismos de control sobre las EPS que incumplen mandatos judiciales
La decisión del juez envía un mensaje contundente a todas las entidades prestadoras de salud sobre la obligatoriedad de acatar las disposiciones judiciales, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales como la salud y la vida de los pacientes.
Contexto de la intervención en Nueva EPS
La Nueva EPS se encuentra actualmente bajo intervención estatal debido a problemas financieros y administrativos recurrentes. La designación de Luis Oscar Galves como interventor tenía como objetivo principal sanear las finanzas y mejorar la prestación del servicio de salud. Sin embargo, este incidente revela que persisten graves deficiencias en la gestión operativa de la entidad.
Expertos en derecho de la salud han calificado esta medida judicial como "necesaria y proporcional", destacando que las tutelas en materia de salud representan mecanismos constitucionales de protección que deben ser respetados por todas las entidades, independientemente de su situación administrativa o financiera.
